"FMI sólo quiere dejar contentos a bonistas"

Carátula del informe confidencial al que accedió Ambito Financiero en el que el representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, responde críticas del organismo.

De acuerdo con el gobierno, la insistencia del FMI para que la Argentina sostenga en el tiempo un superávit fiscal de 4,5% del PBI busca «contentar a los acreedores, a costa del crecimiento y las necesidades sociales de la población».

Así quedó establecido en la respuesta que el representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, le dio al directorio del organismo. Surge del documento de 31 puntos y trece carillas a través del cual el equipo económico contestó la visión del staff del FMI sobre la situación de la economía argentina, expresada mediante el denominado artículo IV. Este diario tuvo acceso a dicho material, que aún no se definió si será publicado oficialmente (ver facsímil).

Los responsables directos de contestar fueron el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el presidente del Banco Central, Martín Redrado. Pero fue el propio Torres quien lo volcó anteayer ante las autoridades del Fondo.

El trabajo critica con dureza los pedidos de más superávit, la exigencia de eliminar impuestos distorsivos y las observaciones sobre un aumento de la participación de la banca pública en el sistema financiero.

Además, el gobierno consideró «sorpresivo» que el staff del FMI catalogara como «no constructiva» la reestructuración de la deuda y que no cumplió con las negociaciones de buena fe con los acreedores que exige el organismo.

Respecto de las críticas al presidente Néstor Kirchner a las privatizadas, se aclara que tienen que ver con la necesidad de evitar «los abusos de algunas compañías, en contra de la gente».

A continuación, los principales puntos de la presentación realizada por la Argentina:

• Las autoridades argentinas esperan que el «artículo IV» ayude a encontrar una base común para llevar adelante negociaciones constructivas que den origen a un nuevo programa.

• El reporte alude en reiteradas oportunidades a la necesidad de transformar recuperación en crecimiento sustentable y reducción de la pobreza en el mediano plazo. Pero es importante mencionar que esta «recuperación» tuvo lugar sin ayuda de financiamiento externo y sustanciales pagos netos a los organismos. No creemos que esta recuperación (que algunos analistas la habían caracterizado como «el rebote de un gato muerto») sea un milagro o simplemente por la influencia de factores externos. Es el mejor indicador de que el gobierno actuó bien más allá de las dificultades para completar reformas estructurales.

• La Argentina tiene un alto déficit comercial con Brasil, lo que implica que el país colaboró para el mayor crecimiento brasileño y no al revés, como sugiere el informe del Fondo.

• Asegurar que la recuperación fue asistida por la ayuda financiera neta de la comunidad internacional es un serio error. Es cierto que el default con acreedores privados le dio a la Argentina una ayuda, pero la historia con los organismos multilaterales es totalmente distinta. La no refinanciación de los préstamos comenzó desde la crisis y no tras el fracaso en completar la tercera revisión del acuerdo a mediados de 2004.

• La línea dura del gobierno respecto de la negociación por la deuda, lejos de ser una apuesta para ganar popularidad, fue la única forma de avanzar cuando quedó solo, sin ayuda del FMI.

• En cuanto a la línea dura contra las privatizadas, esto no debe ser visto como una actitud contraria al capital extranjero. Es una reacción ante abusos percibidos de algunas compañías, en connivencia con el gobierno de los '90 y en contra de la gente. El staff reporta preocupación porque algunas empresas abandonaron el país, como si fueran víctimas inocentes de decisiones arbitrarias del gobierno. Esto es una figura distorsionada de la realidad. La mayoría, a pesar de las dificultades, decidió continuar en la Argentina.

• En cuanto al superávit fiscal, el staff argumenta que debe ser considerablemente más alto no sólo este año, sino también en el largo plazo. Existe, por lo pronto, una inconsistencia entre la necesidad de un superávit permanentemente más alto y la necesidad de eliminar los llamados impuestos distorsivos, que representan casi 4% del PBI.

• Respecto de la necesidad de contener las presiones inflacionarias, ya se tomaron medidas fiscales y monetarias para tal fin. El argumento de que las compras de dólares por parte del Banco Central pueden aumentar excesivamente la cantidad de dinero, debemos aclarar que se está cumpliendo con los rangos del programa monetario establecido.

• El aumento de la demanda de dinero tiene que ver con el crecimiento más alto que lo esperado de la actividad económica. Además, el incremento del multiplicador monetario es bienvenido, porque implica la reaparición del crédito en los bancos, una condición necesaria para la inversión y la actividad económica en general.

• Sobre la necesidad de aumentar el volumen de exportaciones para sostener el crecimiento, se ha registrado un crecimiento sostenido, en particular en lo que respecta a manufacturas. Es bien sabido que las modificaciones en el tipo de cambio llevan tiempo para generar una transformación.

• No hay riesgo de que la supuesta debilidad de la Ley de Responsabilidad Fiscal genere en el futuro una menor disciplina al gobierno. La ley que prohibió a los bancos financiar los déficit provinciales está vigente y contribuirá a mantener el proceso de disciplina fiscal en el nivel provincial.

• La organización federal genera muchas dificultades para introducir políticas que podrían violar la independencia de las provincias. Si se aplicara estrictamente el criterio de coparticipación, la provincia más grande de la Argentina incrementaría su participación total en el reparto de impuestos. Esto implicaría reducir la de otras provincias o la del gobierno central. Esto va en contra de la necesidad de mantener un alto superávit fiscal.

• El aumento de la participación de la banca pública en el total del sistema se debió a decisiones individuales de los clientes, que consideran más seguras a estas instituciones tras la crisis. De todas formas, el compromiso es no resignar niveles de eficiencia ni de rentabilidad.

• En cuanto al aumento de la participación de títulos públicos en los bancos, esto es sólo verdad si se consideran las LEBAC del Central. Pero éstas no cuentan para el límite de 40% de los activos en bonos que pueden mantener las entidades. De hecho, la tenencia de bonos del Estado en los bancos se viene reduciendo desde principios de año.

• Los reclamos de los bancos por la compensación debido a los amparos depende de la decisión de la Justicia, que debe determinar si la pesificación fue o no constitucional.

• Finalmente, sobre el tema de la renegociación con privatizadas, es importante mencionar el avance que ya se hizo en numerosas áreas, como electricidad, autopistas y puertos. El problema más serio que queda es el peso de la deuda en los balances. El gobierno hizo esfuerzospara ir buscando soluciones, como en el caso de Aguas Argentinas.

• El staff concluye que el gobierno no cumplió en la reestructuración con la política que el FMI enmarca para «países en cesación de pagos», denominada «lender into arrears». Esto es una sorpresa porque no proviene de un análisis profundo. Esta aseveración no tiene fundamento y no corresponde aplicarla en la revisión del Artículo IV. El análisis específico deberá ser realizado en su momento con el directorio del FMI.

• También se asevera que «la negociación con los acreedores privados no fue constructiva». Para las autoridades argentinas esto es un punto de vista injusto, ya que se dieron las explicaciones de la situación y se escuchó a todos los acreedores. Es impropio en este marco demandarle a la Argentina un proceso formal de negociación con los acreedores.

• De acuerdo con los escenarios de sustentabilidad de la deuda que realizó el staff, parecería ser que sólo con un superávit de 4,5% del PBI para el futuro podría comprometerse el pago al FMI y a los acreedores privados.

Parecería ser que el único objetivo es dejar contentos a los acreedores, pero poniendo en riesgo las perspectivas de crecimiento y posponiendo la atención de las necesidades sociales.