Fondos fiduciarios bajo la lupa: afirman que el Gobierno retuvo casi u$s4.000 millones para disimular el equilibrio fiscal

El Instituto Consenso Federal estimó que los fondos fiduciarios estatales acumularon superávits por más de u$s3.000 millones entre 2024 y 2025, y proyectó otros u$s956 millones para 2026. El relevamiento cuestiona que parte de esos recursos no se haya destinado a su asignación específica y haya sido derivada a inversiones financieras.

El Instituto Consenso Federal sostuvo que existe una “desinversión” en infraestructura vial y vinculó ese cuadro con el manejo de recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

El gobierno de Javier Milei acumula nuevas acusaciones respecto al éxito real del equilibrio fiscal, luego de que se pusiera la lupa sobre el nivel de cumplimiento de erogaciones que el Estado debe concretar por ley y que en lugar de ir a esos destinos específicos los fondos terminaron en el sistema financiero y colaborando a que las cuentas nacionales den positivas.

Un informe del Instituto Consenso Federal advirtió que los fondos fiduciarios del Estado nacional acumularon excedentes sin ejecutar por aproximadamente u$s4.000 millones entre 2024, 2025 y la proyección para 2026, en medio del debate por el uso de recursos con asignación específica y su impacto sobre el resultado fiscal. El centro de análisis, dirigido por Alejandro “Topo” Rodríguez, sostuvo que buena parte de esos fondos no se aplicó a los destinos previstos y fue derivada a inversiones financieras, bajo la instrucción del ministro Luis Caputo.

El relevamiento toma como base los informes de “Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”, que publica la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía. Según el trabajo, en 2024 el superávit de todos los fondos fiduciarios alcanzó el equivalente a u$s2.030 millones, medido al valor promedio anual del dólar de ese año.

Para 2025, el excedente informado fue de u$s973 millones, también calculado al valor promedio anual del tipo de cambio. A eso se suma el primer trimestre de 2026, cuando el superávit de los fondos fiduciarios llegó a u$s239 millones. Proyectado de manera aritmética para todo el año, el Instituto Consenso Federal estimó un excedente anual de u$s956 millones.

El debate por el uso de los fideicomisos

El informe recordó que el Gobierno había anunciado al inicio de la gestión su objetivo de eliminar fideicomisos públicos por más de u$s2.000 millones, a los que había definido como “una caja de la política”. Sin embargo, según el relevamiento, los fondos fiduciarios que siguen vigentes continuaron acumulando recursos por encima de sus gastos ejecutados.

La crítica central del documento no apunta únicamente a la existencia de superávit, sino al destino de los recursos. De acuerdo con el Instituto Consenso Federal, parte de esos fondos no habría sido ejecutada conforme a la asignación específica que los guía y se habría destinado a inversiones financieras.

Entre los fideicomisos mencionados aparecen el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el Fondo destinado a descuentos en las tarifas de gas por Zona Fría, el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal Argentina Digital, el Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar, el FONDEP, el FOGAR, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras.

Rutas nacionales y combustibles

Uno de los puntos destacados por el informe es la situación de las rutas nacionales a cargo de Vialidad Nacional. El Instituto Consenso Federal sostuvo que existe una “desinversión” en infraestructura vial y vinculó ese cuadro con el manejo de recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

Según el documento, el Gobierno recaudó ese impuesto de manera regular, pero no habría destinado la totalidad de los fondos correspondientes a la finalidad prevista por la ley.

Rodríguez también cuestionó la intención oficial de avanzar con un esquema de traspaso o administración de rutas hacia provincias. “Ahora Milei pretende resolver la desinversión en rutas con la entrega de una ‘franquicia’ de Vialidad Nacional a nueve provincias, a las que no les transfiere recursos”, señaló el exdiputado nacional de Consenso Federal.

Zona Fría, otro foco de tensión

El informe también puso la mirada sobre el Fondo de Descuentos en Gas por zona fría. Según Rodríguez, el Gobierno buscaría aplicar allí una lógica similar: no ejecutar recursos para generar excedentes financieros que mejoren el resultado fiscal.

“Todo indica que Milei y Toto Caputo están buscando un superávit de recursos del Fondo Fiduciario para el Descuento de Tarifas de Gas, lo que supondría un destino de inversión financiera de esos fondos”, afirmó.

El dirigente sostuvo que esa estrategia se intentaría llevar adelante con una reducción del universo de beneficiarios y una suba del cargo adicional que se paga en la factura. Según el planteo del Instituto Consenso Federal, el cambio implicaría dejar a más de 3 millones de hogares sin descuentos por Zona Fría y elevar el cargo adicional de 7,5% a 11,25%.

Fondos con asignación específica y resultado fiscal

La discusión vuelve a poner en primer plano el rol de los fondos fiduciarios dentro de la política fiscal. Para el Gobierno, la reducción del gasto y la eliminación de estructuras consideradas ineficientes forman parte del ordenamiento de las cuentas públicas. Para los críticos, en cambio, la acumulación de excedentes en fondos con asignación específica puede implicar una subejecución de recursos destinados a infraestructura, transporte, energía o programas productivos.

El informe del Instituto Consenso Federal plantea que el superávit de los fondos fiduciarios contribuye a mostrar una mejora en las cuentas públicas, pero advierte que esa mejora se obtendría a costa de no ejecutar partidas previstas para objetivos determinados.

De confirmarse la proyección para 2026, los excedentes acumulados en tres años se ubicarían cerca de los u$s4.000 millones. El dato alimenta el debate sobre si esos recursos deben computarse como parte del resultado fiscal o si deberían analizarse en función del cumplimiento efectivo de los destinos para los cuales fueron recaudados.