La ministra de Defensa dio marcha atrás en el proyecto -del cual dio ya detalles este diario-de apartar a los militares del control de la caja previsional castrense: el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones (IAF). El IAF es una entidad autárquica, creada por Ley Nº 22.919, que tiene a su cargo tanto la recaudación de los aportes del personal militar en actividad como las contribuciones del Estado para efectivizar el pago de los haberes de retiro y pensiones militares.
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La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia rechazó en dos oportunidades el texto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que había impulsado Nilda Garré con el propósito de modificar la carta orgánica del IAF y pasar la administración de la caja de aportes militares a la órbita de funcionarios civiles del ministerio. El anteproyecto dispone que el presidente del directorio sea un funcionario de Defensa (sería Raúl Garré) y reduce a la mitad la participación de los militares.
Los jefes de las Fuerzas Armadas saben que sólo se trata de una demora momentánea y no la cancelación definitiva de una medida que estuvo bajo análisis desde el mismo momento en que Garré se hizo cargo del ministerio. Los uniformados no creen en la consigna de aumentar el control civil que se esgrime en modificaciones como éstas, sino que se piensa más bien en una intervención por desconfianza setentista. El IAF funciona en un edificio cercano al Teatro Colón y lo administra un directorio (6 altos oficiales) nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de los jefes de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora está constituido por dos oficiales superiores de cada fuerza (jerarquía de general y equivalentes) que duran cuatro años en sus funciones. Uno de ellos ejerce la presidencia, que rota sucesivamente entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La presidencia del período que se inició el 31 de marzo pasado correspondía al Ejército y el jefe Roberto Bendini había propuesto al general Néstor Pérez Vovard para el cargo. Sin embargo, Garré congeló la renovación del directorio hasta nuevo aviso. Necesita tiempo para conseguir la aprobación del DNU cuyo texto desplaza a los militares del poder y control de los activos financieros que maneja el Instituto.
A diferencia de los sistemas jubilatorios, el retiro militar prevé que se siga descontando el 11% a los haberes de los retirados y pensionados. Es decir, los aportes a la caja previsional surgen del personal en actividad, de los retirados y de los pensionados hasta la extinción del beneficio. Esos aportes generan una masa de dinero de alrededor de 4.600 millones de pesos anuales. Caja atractiva para el funcionario político y lo llama a «hacer más eficiente la calidad institucional del organismo», como reza uno de los fundamentos del decreto modificatorio. Raúl Garré, hermano de la ministra y jefe de Gabinete es la figura de la transferencia del Instituto a manos políticas. El IAF está facultado a otorgar préstamos hipotecarios para viviendas individuales y colectivas, y también puede operar con títulos valores nacionales siempre que se haga a través de bancos oficiales.
Entre tanta gente profesional del derecho -la ministra y su hermano-a cargo de Defensa no se entiende el atajo de usar esa herramienta de excepción (el DNU) en vez de acudir al Congreso, foro de debate natural de los cambios legales.
Durante 9 meses -un verdadero parto-, el contador Jorge Daniel Argüello, auditor interno de Defensa, revisó las cuentas del Instituto en busca de presuntas irregularidades para penetrar la estructura previsional de los uniformados. Colaboradores del auditor contaron que sólo pudo cuestionar un préstamo que el IAF había concedido a una mutual castrense: la Sociedad Militar Seguro de Vida. Y eso que la garantía del crédito de 35 millones de pesos eran avales de una entidad reconocida: la Unión de Bancos Suizos (UBS). Claro, es posible que otras novedades no registradas por la auditoría hayan erizado la piel de los funcionarios de Defensa. Por caso, que el presidente de la mutual militar es el general retirado Jorge Bossi, alguna vez mirado por este gobierno como ligado a reuniones políticas «de oposición» en cuarteles del Ejército.
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