Furia sindical: deben mostrar su patrimonio

Los dirigentes de las dos CGT coincidieron ayer al anunciar que harán un paro este mes, sin precisar fecha. Arrinconados por el gobierno, reaccionaron con virulencia al conocer las resoluciones del Ministerio de Trabajo, que los obligará a presentar declaraciones juradas patrimoniales, tanto de los sindicatos como las propias de cada uno de ellos. Y extendido a las actividades anexas que realice cada gremio. El propósito declarado por la cartera que dirige Patricia Bullrich es " instrumentar una estructura de transparencia que debe garantizar todo sistema democrático participativo". A partir de la aplicación de la norma, en 30 días, el gobierno contará con una radiografía de la evolución del patrimonio de cada jerarca sindical.

El gobierno tomó la decisión de regular el funcionamiento interno de las organizaciones sindicales y también de los dirigentes de ellas, en lo que más les duele: su patrimonio. La embestida se hizo sentir y los popes sindicales no tardaron en reaccionar (ver nota vinculada) y ayer las dos CGT, esta vez unidos «los gordos» de todos los colores, anunciaron un paro nacional para este mes, sin fijar fecha.

El Ministerio de Trabajo, responsable de las relaciones con el sector sindical organizado, con la firma de su titular, Patricia Bullrich, lanzó dos resoluciones, la 376 y la 377. En la primera apuntan a lo que el gobierno denomina « democratización y transparencia de todas las organizaciones sociales», que es la razón de la medida. Para Trabajo, señaló el asesor de la ministra, Gustavo Bogún, se trata de «plantear requisitos para que anualmente, se puedan transparentar los estados contables, recursos, gastos e inversiones» de cada entidad gremial reconocida. Un aspecto que nunca ha podido conocerse en detalle. «Qué hacen con el dinero que recaudan; cómo lo aplican», aclaró el funcionario en diálogo con este diario.

Este renglón también abarca las retribuciones que percibe la jerarquía sindical. «Lo que venía por cuerda separada nunca estuvo aclarado» dijo el oficioso vocero, apuntando al hecho de que ahora deberá hacerse. Pero además habrá un anexo aclaratorio, que deberá especificar el estado de los recursos y gastos por cada actividad que se realice.

Un acápite que dolerá es en la exención impositiva de que gozan los sindicatos para su actividad, que a partir de ahora se extenderá a otras actividades conexas que realizan. Y que en ocasiones generan interesantes negocios. Por ejemplo empresas turísticas o el más conocido Parque Temático sobre Tierra Santa -que tiene el Sindicato de Comercio en la Costanera, liderado por Armando Cavalieri-, sobre los que los gremios deberán ahora pedir la exención de impuestos a la AFIP y que ésta lo certifique.

Se inaugura a partir de esta Resolución 376 del Ministerio de Trabajo un banco de datos que permitirá la existencia de una suerte de hábeas data sindical. Los afiliados podrán conocer para qué se usan las cuotas extraordinarias -y las solidarias-, escrutando diariamente la acción de la dirigencia y los delegados de fábrica, que son quienes generalmente los conducen.

La otra novedad es que junto con las memorias anuales se deberá incorporar a los estatutos mecanismos de mayor participación del afiliado. «Participativos», dice Bogún, y que consiste básicamente en que cada afiliado tenga derecho a participar de las asambleas, por ejemplo, aunque no tenga voz en ellas. Derecho a ver los balances, «no que se los cuenten», y de oír en las asambleas.

«¿Más gastos que recursos?», se preguntan, ante los lamentos que en ocasiones llegan a Trabajo. Para evitar suspicacias, se les exigirá a los sindicatos los siguientes ítem aclaratorios: índices de liquidez, capital de trabajo y endeudamiento. Más o menos lo mismo que exige cualquier entidad bancaria o financiera con las empresas clientes.

Por último, en Trabajo al parecer no quieren fisgones. Por ello se acentúa el régimen de incompatibilidad y quien trabaja en un gremio no lo puede hacer simultáneamente en el ministerio. Para ello recuerdan el régimen instaurado por el Decreto 3.212 del año '64, cuando gobernaba otro radical: Arturo Umberto Illia, y su ministro de Trabajo era Fernando Solá.