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«El meollo de la nacionalización, sobre todo en el tema de los megacampos (Sábalo y San Alberto), es que si YPFB recibe los 30 a 90 millones de Petrobras, la transnacional se queda como dueña de toda la cadena productiva y con eso no hay nacionalización», admitió Soliz, interpelado por el Senado boliviano, que es controlado por la derecha opositora.
De producirse la entrega por parte de la compañía brasileña de esos fondos, «se desnaturalizaría el proceso de nacionalización y se legitimarían tácitamente las operaciones de Petrobras en un campo que corresponde enteramente a YPFB», explicó Soliz.
«Petrobras transportaría el hidrocarburo hasta la refinería, sacaría los productos, almacenaría y distribuiría a las estaciones (de servicio). Es decir, seguiría siendo dueña de la cadena productiva», dijo.
Según la política de nacionalización, YPFB debía gestionar por sí sola en un plazo de 60 días, que venció a principios de julio, el flujo de producción, refinado y comercialización en el mercado local.
La empresa petrolera, que busca alcanzar el estatus de una corporación del tipo Petrobras o de la venezolana PDVSA, ha tropezado además con problemas para abastecer el mercado boliviano de gasoil, que gestionaba Petrobras vía importación, para el oriente, norte y nordeste bolivianos.
Tal situación llevó al titular de YPFB, Jorge Alvarado, a tentar a fines de julio un trueque de crudo por diésel con una empresa brasileña, por lo que la Superintendencia del sector lo acusó de corrupción.



