Gastan por más déficit

Confundió todo ayer un legislador porteño del radicalismo al hacer un llamado a que los empleados públicos y jubilados inicien juicios contra el Estado si se les rebajan haberes inferiores a $ 1.000 y que esas demandas las solvente la Legislatura de la Capital Federal. Para peor, el terragnista Cristian Caram, presidente del bloque UCR, ingresó un proyecto para que los abogados que trabajan en la Legislatura patrocinen las demandas en forma gratuita. Todo con los impuestos de los vecinos, generando más gastos y disponiendo para colmo que el director de Asuntos Jurídicos del cuerpo sea el coordinador de esos reclamos durante tres meses. El facilismo del proyecto, que pidió ser tratado el jueves sobre tablas, además de insólito, desoye la tradición de la UCR, exagerada en disciplina partidaria. Parece atacado el legislador por un mal que le impide ya no sólo ver la necesidad de ahorro del país, sino lo grave del ataque a su propio gobierno.

Confundió más las cosas ayer el presidente de la bancada radical, Cristian Caram, al proponer que la Legislatura de la Capital ponga abogados gratis a los empleados públicos y jubilados para que hagan juicio al Estado si les rebajan los haberes de menos de $ 1.000. Insólito que se gasten recursos públicos en defender el déficit.

• Ambiciones

Los radicales se caracterizaron en ocasiones por indecisos en un exceso de disciplina partidaria, pero ahora parecen atacados por un mal, de ambición personal seguramente, que los arriesga hasta poner en juego la estabilidad de su propio gobierno.

Caram está en campaña con miras a la interna de la UCR pautada para el 12 de agosto y con ese ímpetu presentó el proyecto de resolución atacando duramente al gobierno, en su afán de despertar adeptos en contra de Fernando de la Rúa y a favor de la candidatura a senador de Rodolfo Terragno. Tampoco se explica cómo el ex jefe de Gabinete puede prestarse a semejante desequilibrio, como es la propuesta que quiere Caram: que la Legislatura porteña se transforme en una oficina de recepción de los reclamos contra el ajuste durante 90 días y que ponga a disposición de las quejas un cuerpo de abogados que realicen las acciones de amparo. Esos letrados, según el proyecto que tiene pedido de tratamiento sobre tablas para el jueves, serían los que trabajan en la planta política de la Legislatura y para más generosidad obligaría al director de Asuntos Jurídicos del cuerpo a coordinar las demandas.