Mientras el equipo económico analiza con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) el cierre de los números de 2022, los datos fiscales siguen mostrando buenos resultados. Este año, la meta del déficit primario tendrá que ser del 1,9% y uno de los componentes fundamentales para alcanzarlo será la reducción del gasto. En enero el gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una baja real del 16,6%, según indica un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
En enero, Massa sumó el séptimo mes de reducción real del gasto público
El Ministerio de Economía revierte la tendencia al incremento que había dejado Martín Guzmán. No hubo gastos devengados en subsidios a la energía y crecieron los destinados al Potenciar Trabajo a pesar de la polémica por la baja de planes.
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En términos nominales, el gasto creció 65% en forma interanual hasta los $1,41 billones, muy por debajo de la inflación estimada del 98% para el primer mes del año. El reporte destaca que es el séptimo mes consecutivo de baja real del gasto e indica que el nivel de ejecución de los créditos presupuestarios ya habilitados fue del 78,5%.
Cabe recordar que en enero la recaudación de impuestos registró una suba nominal del 93,4%, lo que indica una caída real menor a los gastos, por lo que se desprende que el Ministerio de Economía habría logrado una reducción déficit primario: la salvedad es que en la modalidad de medición del FMI se toma el gasto primario del Sector Público Nacional, que incluye organismos, fondos fiduciarios, empresas estatales y participaciones en empresas privadas y se hace en base caja.
El informe señala que el presupuesto asignado a la inversión de capital totaliza $2,33 billones lo que representa un 8% del total. En enero la ejecución de la inversión de capital es del 1%. De acuerdo con la estimación del CESO ese mes la inversión en capital bajó 16% respecto del año pasado. La entidad indicó que este rubro suele mostrar mayor rezago al inicio del año.
Según indica el reporte ”llamativamente, el mes de enero no registró transferencias a empresas públicas ni privadas en concepto de subsidios energéticos”. El año pasado, los subsidios habían ascendido a $46.100 millones en el primer mes, y para este año hay asignados $1,7 billones en el presupuesto, lo que indica una baja real del 7,2% respecto del año pasado. La contrapartida de esa baja es la suba del importe de las facturas previstas para los usuarios este año.
En cuanto al gasto social, el destinado al programa Tarjeta Alimentar fue de $32.591 millones, 78% más que en enero del 2022. El 91% de los beneficiarios del programa son mujeres, sobre un total de 2.431.536 tarjetas.
Por su lado, el programa Potenciar Trabajo contaba con 1.233.000 beneficiarios en enero. El debate que mantiene la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, con las organizaciones sociales sobre numerosas bajas de planes no parece tener correlato en los números. El reporte indica que “el gasto ejecutado alcanzó los $44.472 millones, un 113% superior al de 2022”. “Todavía no se registra una reducción en los recursos destinados al programa a pesar de las bajas anunciadas durante diciembre y enero”, dice el informe.
En cuanto a las provincias, se destinaron $10.543,6 millones en concepto de subsidio al transporte (principalmente concentrado en el AMBA), un 5% menos que en enero del año anterior.
“La única destinataria de los ATNs es la Provincia de Buenos Aires, por $1.582 millones”, resalta el informe, que cual agrega que “el Programa de Fortalecimiento Fiscal de la PBA –que surge de la reversión de la coparticipación excedente que se le otorgó a CABA mediante el Decreto 194/16- representó transferencias por $6.900 millones, lo mismo que en enero de 2022”, dice el informe.
En tanto, un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto Público (ASAP) revela que en 2022 el gran ajuste de los gastos lo soportaron las provincias. El año pasado las transferencias de capital crecieron de manera nominal sólo el 36,7% contra una inflación del 94,8%. Las 24 jurisdicciones recibieron en total $634.277 millones.
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