El gobierno respondió ayer con dureza al reclamo formulado por el embajador de Holanda, Robert van Houtum, en su calidad de representante de la Unión Europea (UE), ya que ese país ejerce la presidencia de la comunidad hasta fin de año. Según se conoció ayer, Van Houtum le manifestó al ministro Roberto Lavagna su preocupación por el proyecto de régimen nacional de los servicios públicos y, en especial, por el artículo que, en su opinión, se contrapone con los acuerdos bilaterales de protección de las inversiones, al desalentar que las privatizadas puedan efectuar reclamos ante tribunales extranjeros.
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El canciller Rafael Bielsa, desde la ciudad brasileña de San Pablo, dijo que «es correcto y natural que las naciones con inversiones en el país defiendan sus intereses por la vía diplomática, pero también es legítimo que la Argentina, que ha sufrido en carne propia las maxiganancias de las empresas y el incumplimiento de las pautas contractuales, tome sus recaudos».
Por su parte, Lavagna, si bien manifestó que algunos aspectos del proyecto deben modificarse, dio a conocer ayer un comunicado de prensa en el que cuestionó las acciones contra el Estado nacional presentadas ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.
El comunicado indicó que la Argentina «está enfrentando, a la fecha, más de 20 reclamos de diversas empresas, que han recurrido ante el CIADI, y además un número similar de reclamos que se encuentran aún en la etapa de negociaciones amigables previstas en los tratados bilaterales de inversión».
Añadió que «la mayor partede esos reclamos proviene de empresas de servicios públicos que aducen haber sido perjudicadas por la devaluación y pesificación de tarifas» de enero de 2002.
Destacó que la Argentina «ha sostenido en el CIADI que los reclamos no encuadran con el objetivo perseguido por los Estados signatarios de los tratados al momento de firmarse».
El comunicado remarcó especialmente que «en ninguno de los casos se ha producido un acto expropiatorio ni se ha discriminado al inversor extranjero o a la empresa internacional con respecto a las nacionales, ni se ha impedido o dificultado el acceso a la Justicia argentina, razones éstas que podrían haber justificado el recurso ante el CIADI».
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