Gobierno lanzó medidas y pidió tres leyes
Fernando de la Rúa ratificó anoche el recorte salarial de 13% en sueldos de empleados públicos y jubilaciones, y lanzó un paquete de medidas para ajustar gastos en la administración. El Ejecutivo también le pide al Congreso que apruebe tres leyes para eliminar exenciones en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, modificar el criterio de liquidación de IVA a percibido en lugar de devengado como es en la actualidad y otro que ratifique el decreto de necesidad y urgencia de recorte salarial. Acto seguido, Chrystian Colombo dio a conocer anoche una «instrucción presidencial» (norma de poco uso en la legislación argentina) en la cual ordena a los miembros de su gabinete estudiar y sancionar esta semana una gran cantidad de decretos, resoluciones, disposiciones administrativas y proyectos de ley que ponen en práctica la iniciativa del déficit cero. En esa instrucción se describe la transitoriedad de las medidas de reducción del gasto y resume los temas que deberán resolver los ministerios y demás técnicos en una gran cantidad de disposiciones que se conocerán desde hoy. Estas son las medidas que lanzó ayer el gobierno:
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• Asegurar que la reducción de salarios de los funcionarios políticos, por aplicación del artículo 34° de la Ley N° 24.156, texto según Decreto N° 896/2001, sea el doble de la que se aplique a los funcionarios no políticos.
La obra social del personal del Congreso tiene un presupuesto que paga el Estado de $ 14 millones, pero $ 12 millones los gasta en sueldos de empleados (datos del libro «Ellos gastan», del Dr. Guillermo Lanfrancon).
El Congreso cuenta con 9.379 empleados (sin incluir legisladores) con sueldo promedio de $ 2.625. Claro, así el Congreso tiene un presupuesto este año de $ 400 millones.
El PAMI -manejado por Juan Storani, hermano de Federico, presidente de la UCR bonaerense- tiene siete geriátricos, con sólo 300 viejitos internados. Pero usa 1.431 empleados. Cinco empleados por anciano. En la ANSeS, los radicales metieron 1.000 empleados. Al despedirse Federico Polak, alfonsinista, introdujo en el PAMI 500 empleados más.
Asegurar que ningún funcionario o agente del sector público nacional comprendido en el Artículo 8 de la Ley 24.156 pueda percibir -por todo concepto- un salario que supere la remuneración fijada -por todo concepto- para los ministros del Poder Ejecutivo nacional, entendiendo «todo concepto» a las sumas imputables a haberes tengan o no carácter remuneratorio, incluyendo adicionales especiales, incentivos, reintegros de gastos protocolares sin rendición de cuentas y demás rubros que completen la asignación mensual del agente o funcionario público.
Una forma para eliminar gastos de representación de todo tipo que, generalmente, sirven para engrosar las remuneraciones básicas. El rubro «pasajes y viáticos» lo tienen casi todas las reparticiones públicas. Por caso en el actual Presupuesto la imprenta del Congreso de la Nación tiene $ 4.200. La Cámara de Diputados $ 6.858.448 por pasajes y viáticos más becas por $ 3 millones.
• Igualar a todos los entes u organismos comprendidos en el artículo 8 de la Ley 24.156 en los porcentajes de reducción que resulten de aplicación del artículo 34 de la Ley 24.156 texto según decreto 896/2001.
Se establece una equiparación en el control del gasto de acuerdo con la marcha de la recaudación por la que recibirán idéntico tratamiento en los recortes de la administración nacional, las empresas y sociedades del Estado y las de economía mixta.
• Arbitrar los medios para que los haberes jubilatorios inferiores a pesos trescientos reciban una compensación que les garantice el mantenimiento de su haber actual, elevando ese tope progresivamente inmediatamente después de aprobados los proyectos de ley sobre eliminación de exenciones al impuesto a las transacciones financieras sobre la aplicación del ahorro público a los gastos de los Poderes Legislativo, y Judicial y sobre el cambio de percepción del IVA.
Se establece un recorte de 13% a jubilaciones superiores a $ 300, pero con posibilidad de que sea sólo a las mayores de $ 500 si el Congreso aprueba tres leyes que enviará el gobierno. Utilizando una estrategia que le falló a Ricardo López Murphy en su fugaz paso por el Ministerio de Economía, el gobierno le trasladó al Congreso la responsabilidad de que el ajuste sobre los jubilados sea menos duro. Los legisladores deben aprobar leyes sobre el impuesto al cheque, recorte de gastos y percepción del IVA, para que las jubilaciones que se recorten 13% sean las superiores a $ 500 y no las de $ 300 como se dispone ahora. Si el Congreso cede, estará a salvo del recorte 70% de los jubilados.
• Adaptar las escalas de remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad a las disposiciones del artículo 34 de la Ley 24.156, según Decreto 896/2001, respetando la particular relación jerárquica de estas fuerzas.
En las Fuerzas Armadas y de seguridad hay 14 formas distintas de liquidación de sueldos. Esto es así atendiendo a los diversos regímenes a los que están afectados, como el de los que están afectados al servicio exterior (agregados a las embajadas); en misiones de la ONU; de la OTAN; por estudios en el exterior; los destinados en la Antártida o en unidades ubicadas en regiones inhóspitas, entre otros casos. El ajuste en los salarios de las Fuerzas Armadas y de seguridad hará vulnerables las misiones que, en caso de corte de rutas o hechos más graves de perturbación del orden público, hagan necesaria la intervención de éstas. Aunque la Ley de Defensa Nacional impide a las FF.AA. intervenir en conflictos internos, incluyendo hacer inteligencia interna, la intervención del Congreso puede llegar a habilitarlos en caso de que resulten desbordadas las de seguridad. Como éste es un procedimiento lento, discursivo y de fuerte connotación política, si llegaran a producirse hechos de violencia como los ocurridos en la brasileña ciudad de Bahía, la sociedad correría el riesgo de quedar indefensa y a merced de los más revoltosos.
COORDINACIÓN CON OTROS PODERES
Instrumentar un mecanismo de coordinación con el Poder Legislativo a fin de lograr un ahorro transitorio dentro de las condiciones establecidas en el Artículo 34 de la Ley N° 24.156 texto según Decreto N° 896/2001, afirmando la coexistencia de la independencia de los poderes y la solidaridad institucional que reclama la República.
Este es un pedido del Ejecutivo a los legisladores para que adapten sus ingresos, y los de sus empleados, a la reducción de la administración pública. Esto, claro, quedará al arbitrio de senadores y diputados en aras de la independencia de los poderes. Para el Legislativo no se trata de rebajar lo que ganan quienes fueron elegidos sino también los empleados en todas las cámaras del país. Hay ejemplos distorsionantes en varias provincias, pero detengámonos en el orden nacional: el Congreso tiene 9.300 empleados y su promedio salarial es de 2.600 dólares, cuando en el sector privado el promedio de los sueldos es de 1.600. Otro dato: la Biblioteca Nacional se maneja con 269 empleados y cuesta 9 millones al año. La del Congreso alberga a 1.000 empleados y mantiene un presupuesto de 24 millones al año, de los cuales 23 se van en salarios.
LUCHA CONTRA LA EVASIÓN
Luchar contra la evasión fiscal y previsional, el trabajo no registrado y el contrabando, para lo cual la AFIP deberá presentar un plan especial y poner en marcha el programa de simplificación de la recaudación, el pago y fiscalización de las contribuciones patronales y mecanismos de nueva tecnología para lucha integral contra la evasión.
Se lanzará un «blanqueo» por el cual las empresas que tengan trabajadores «en negro» o sin realizar los aportes previsionales correspondientes, podrán regularizar la situación pagando sólo tres meses de aportes. Aquí el Plan Alianza no incursiona mucho porque «atacar» esto favorecería el desempleo. 300 inspectores de la AFIP y del Ministerio de Trabajo saldrán además a la calle para controlar 54.000 empresas ya detectadas donde se presume que existirían trabajadores a los cuales no se les realiza correctamente el aporte previsional correspondiente.
Se acelerará también el proyecto que lanzó a fines del año pasado Bullrich y que impone que en un sólo acto, y luego de que una empresa deposite en un banco el sueldo en bruto de un empleado, se le descuenten los aportes a la AFJP, ART, ANSeS, Obra Social y Sindicato. Este proyecto debería comenzar en octubre según el cronograma original, pero el gobierno quiere que esté en vigencia antes de agosto.
REFORMA DEL ESTADO NACIONAL Y PROVINCIALES
• Adoptar en todas las administraciones del país el principio presupuestario de déficit cero.
• Se impulsa la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal y la Policía Federal desplegada en la Ciudad con los recursos correspondientes.
• Coordinar las acciones necesarias, tanto a nivel federal como local, para reducir significativamente el costo de las instituciones políticas y aumentar la eficiencia de los servicios que deben prestar a la sociedad.
• Incorporar al Fondo Fiduciario del Desarrollo provincial hasta 1.000 millones de pesos de anticipo de impuestos a las Ganancias para ayuda a las provincias que será aportado por un grupo de empresas y bancos como adelanto del pago de Impuesto a las Ganancias.
• Desarrollar íntegramente la potencialidad reformadora de la ley reactivante, para lo cual todos los organismos del Estado presentarán las propuestas respectivas.
Para eliminar trabas burocráticas, se ofrece mayor desregulación. En rigor, incrementará los planes de competitividad por sectores. ¿Difundirán la competencia? Por ejemplo Techint tiene 11 directivos y un jefe cada 1.517 trabajadores. Aguas Argentinas 16 directivos y un jefe cada 268 empleados. Edesur 20 directivos y un jefe cada 150 empleados. Veamos el Estado. ANSeS tiene un directivo cada 56 empleados, 68 gerentes y 37 subgerencias. El ORSNA (ente regulador de aeropuertos) tiene 100 agentes con un sueldo promedio de $ 4.077 y recibe $ 600.000 para pasajes y viáticos en el presupuesto. El Ente Regulador del Gas tiene un promedio de $ 4.738 por empleado y recibe en pasajes y viáticos $ 360.000. En el Ente Regulador de la Electricidad el salario promedio de sus 70 agentes es de $ 5.470.
• Acentuar la profesionalización de la función pública
Casi de forma este artículo es más bien un sueño. Buenos administradores y profesionales no se logran, al menos en el sector privado, con ingresos mínimos. Nadie sabe por qué debería ocurrir lo contrario en el Estado. Vale la intención, pero sería a largo plazo. No afecta a lo inmediato a menos que en el futuro se aplique una verdadera reforma del Estado donde se privilegie la labor de los profesionales. No parece el momento.
• Centralizar las entidades cuya descentralización no sea necesaria para el cumplimiento de sus fines, con el objeto de suprimir directorios, servicios administrativos y servicios jurídicos que superpongan sus tareas.
Chrystian Colombo mencionó como ejemplo de esta política la absorción del Instituto Nacional de la Administración Pública por parte de la Secretaría de Modernización del Estado que dirige el frepasista Marcos Makón.
• Eliminación de las entidades u organismos que se consideren innecesarios para el cumplimiento de los fines del Estado, entre ellos el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El gobierno quiere centralizar todos los organismos que se pueda. Apuntan a reducir la estructura de directorios y cargos políticos que no encuentran justificación. Lo que sí estará fuera del ajuste es la reducción de las respectivas plantas permanentes de los organismos descentralizados. No es significativo en monto el ahorro -no son muchos los que se pueden suprimir- pero se emite una señal frente al gran número de directores existentes en organismos, con salarios muy por encima de los del sector público.
• Dar participación a los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado en las tareas de reforma del Estado.
Casi una vaguedad, fórmula para habilitar a los gremios a impedir cualquier tipo de reforma. Pedido obvio de los sindicalistas y que el gobierno consiente en aras del consenso. Se pretende evitar paros y huelgas. Se duda de que esta medida pueda compatibilizarse con el activismo de los que responden al gremialista Víctor De Gennaro. De ese sector provendrán las máximas protestas en el país.
PROYECTOS PEDIDOS AL CONGRESO
• Modificación al IVA estableciendo el pago de ese tributo en base al criterio percibido en lugar de devengado. Esta medida fue anunciada por Domingo Cavallo hace casi un mes, pero el proyecto nunca viajó al Congreso por la complejidad técnica de este cambio en el IVA.
Con esta medida el gobierno modifica la base de liquidación del IVA estableciendo que el impuesto deberá abonarse en el momento de cobrarse la venta de mercadería o prestación del servicio -en la fecha más próxima establecida por la DGI para el ingreso de IVA- y no cuando se perfecciona el hecho imponible, como sucede en la actualidad. Esto significa que hasta ahora las empresas y comercios debían depositar el IVA en el momento de facturar aunque no hubieran cobrado la operación. Ahora lo hará recién cuando reciban el pago. Hoy los tiempos de cobro oscilan entre los 30, 60, 90 o incluso 120 días de acuerdo con la actividad. Por eso esta medida, que regulariza la situación de una actividad económica, es apoyada por todos los sectores. La pregunta ahora es: ¿cómo cubrirá la AFIP el bache recaudatorio en al transición de un sistema a otro, que se estima entre $ 400 y $ 500 millones?
• El segundo proyecto no será enviado al Congreso por el Ejecutivo sino que es un pedido que los diputados y senadores deberán elaborar por ellos mismos: la aplicación del recorte salarial de 13% a los empleados del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esta discusión será mucho más ardua. En cuanto a la Justicia, la cuestión es más compleja. Desde que Carlos Menem estableció un recorte de sueldos superiores a $ 2.000 durante el efecto tequila, la Corte Suprema ratificó su autarquía en el manejo de los fondos y resistió la medida. Algo similar pasó cuando el Congreso votó aplicar el Impuesto a las Ganancias al Poder Judicial o más recientemente la poda de 12% establecida por José Luis Machinea. En ningún caso se pudieron aplicar los recortes.
• Se enviará también una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios, estableciendo una eliminación de la exención a ese tributo para cualquier tipo de entidades privadas, especialmente las cooperativas y mutuales. Chrystian Colombo explicó ayer que el gobierno había detectado casos de elusión del impuesto al cheque por $ 50 millones en cooperativas y mutuales que ofrecían servicios de facturación y acreditación de cheques exentos de pagar 0,6% del tributo bancario.
• El gobierno también le pedirá al Congreso la ratificación por ley del Decreto 896/2001 que modificó el artículo 34 la Ley de Administración Financiera del Estado, permitiendo que el gobierno sólo pague sueldos y a proveedores hasta donde alcance la recaudación impositiva. Este decreto es la base jurídica que utilizó el gobierno para establecer el recorte de 13% en los sueldos de empleados públicos y en las jubilaciones superiores a $ 300.
• Se pide acuerdo al Senado para concluir con la normalización del directorio del Banco Central.
MODIFICACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL
• Poner en marcha el Beneficio Universal para mayores de 70 años en los términos del Decreto 1306/00.
Este beneficio fue creado para cubrir a los trabajadores que no han aportado regularmente durante 30 años. Se estableció el Beneficio Universal en 100 pesos (una especie de subsidio) para las personas que no estén recibiendo ningún beneficio previsional o ingreso al ternativo (es decir, no tengan otra forma de sustento propia o por parte de su cónyuge). Abarcará de manera creciente a los ciudadanos de acuerdo a la siguiente escala: mayores de 75 años en 2001; mayores de 72 años en 2004, y mayores de 70 años a partir de 2007.
• Hacer efectivas las incompatibilidades previstas en el Decreto 1306/00. Aplicar las incompatibilidades previstas en el artículo 1 del Decreto 8566/61 según texto Decreto 894/01 a todo el personal de los entes u organismos contemplados en el artículo 8 de la Ley 24.156.
La percepción de beneficios previsionales, incluso jubilación por invalidez, derivados de leyes anteriores y leyes especiales, así como otorgados por el Régimen Previsional Público, será incompatible con la percepción de remuneraciones por el desempeño de tareas en relación de dependencia.
La incompatibilidad será absoluta cuando el beneficiario tenga menos de 55 años de edad.
También será incompatible la percepción de la jubilación ordinaria del Régimen de Capitalización Individual cuando el beneficiario trabaje en relación de dependencia.
Los beneficiarios de jubilación ordinaria del Régimen de Capitalización que continúen o reingresen a la actividad, percibiendo remuneraciones por tareas en relación de dependencia, se les suspenderá la percepción del componente estatal.
Estas incompatibilidades incluyen al personal de los entes u organismos descentralizados o autónomos, como los entes reguladores, el Banco Central, el Ente Binacional Yacyretá.
• Coordinar los planes sociales nacionales, provinciales y municipales, creando un padrón unificado de beneficiarios, para orientar el esfuerzo de la sociedad en la asistencia a los sectores más desprotegidos.
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