El gobierno elevó ayer al Congreso un proyecto para recuperar sus superpoderes, potestad que había resignado en la última Ley de Presupuesto. Pero con esta nueva iniciativa la situación se empeora ya que, además de poder reasignar partidas de gasto, se faculta a un funcionario de segundo rango como es el jefe de Gabinete de Ministros a «disponer de las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ley de Presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gasto de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades».
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Se trata de un proyecto firmado por Néstor Kirchner, Felisa Miceli y Alberto Fernández para reformar la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público, que faculta al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones que considere necesarias en el Presupuesto nacional.La iniciativa contempla la sustitución del artículo 37 de la Ley 24.156 sancionada en 1992, en la que se establece alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones de la Ley de Presupuesto durante su ejecución.
El artículo original dispone que esas modificaciones corresponden en exclusiva al Congreso, mientras que la propuesta de reforma amplía al jefe de Gabinete la posibilidad de disponer las reestructuraciones que considere necesarias. En los fundamentos de la medida, el gobierno cita el artículo 100, inciso 7, de la Constitución nacional reformada en 1994, que establece que «al jefe de Gabinete de Ministros le corresponde hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la Ley de Presupuesto nacional». El proyecto de reforma fue presentado ayer en la mesa de entrada del Congreso, y -según fuentes gubernamentales- los legisladores oficialistas «lo harán propio» para su discusión en el recinto.
Ayer por la tarde la ministra Miceli se reunió en el Palacio de Hacienda con los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Senado. Si bien entre los temas tratados no trascendió la reforma impulsada por el Ejecutivo, se descarta que la funcionaria informó a los legisladores sobre el contenido del proyecto. La iniciativa establece que seguirá siendo potestad del Congreso «las decisiones que afecten el monto del Presupuesto y el monto de endeudamiento previsto». El proyecto de reforma recuerda en sus fundamentos que «desde 1997 en diversas circunstancias, se ha autorizado al jefe de Gabinete a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias sin sujeción a las limitaciones previstas en el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera».
El Poder Ejecutivo asegura que de esta forma busca evitar que el Presupuesto «adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un instrumento eficaz para la administración, de gobierno y de programación económica y social».
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