Gobierno va hoy a la Justicia para quedarse con Aerolíneas

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada; y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, saliendo de la cartera laboral. Allí, junto a los gremios que actúan en Aerolíneas, se decidió pedir la intervención de Aerolíneas por sus dificultades financieras.

El gobierno presentará hoy un pedido de intervención contra Aerolíneas Argentinas, frente al Juzgado Comercial N° 15 a cargo del juez Jorge Sicoli, que tramita el concurso preventivo de la aérea. El magistrado, sin embargo, deberá tomar en cuenta la opinión de los accionistas mayoritarios de la compañía, el español Grupo Marsans, que mantiene 75% de sus acciones.

Al gobierno -que se presentará ante el magistrado en su condición de accionista de la aérea-lo acompañarán cinco de los siete gremios que actúan en el ámbito del grupo Aerolíneas/Austral.

La decisión se tomó ayer en el Ministerio de Trabajo, tras una larga reunión en la que los funcionarios hablaron, los gremios apoyaron y todos firmaron un «acta de paz social» por sesenta días, que debería garantizar la normalidad de las operaciones de la empresa. 

El rumor indica que el gobierno apuntaría a que el juez designe como interventor a Julio Alak, ex intendente de La Plata y director de Aerolíneas en representación del Estado. A Alak, que recién está empezando a conocer el negocio, se lo rodearía de un grupo de gerentes vinculados a los sindicatos.

Consultado por este diario, el embajador de España, Rafael Estrella, se limitó a repetir: «No tengo nada que decir, no tengo nada que decir», y remitió el tema «al consejero de Prensa, que es quien coordina estas cosas».

Sin comentarios

Tampoco hubo toma de posición por parte de la empresa: «Lo llamo sólo para decirle que no vamos a hacer ningún comentario respecto de la actual situación», dijo uno de sus habituales voceros a este diario.

Sin embargo, es esperable una reacción del gobierno de España, que reiteradamente le hizo saber a Cristina de Kirchner que no vería con buenos ojos una cuasi confiscación oficial de Aerolíneas Argentinas. Las actitudes de Marsans y de Estrella obedecerían a que desde Madrid se estaría encarando una gestión al más alto nivel para impedir esta verdadera confiscación.

El caso es muy similar a lo sucedido con el Correo Argentino -que se le quitó al grupode Franco Macri con la promesa de volver a licitarlo, lo que nunca pasó- y de Aguas Argentinas, que era de la francesa Suez des Aux y que permanecerá «sine die» en la órbita oficial.

Ambos antecedentes hacen pensar que, de acceder el juez a la «intervención» que se pide, difícilmente Aerolíneas vuelva a ser privatizada, con lo que esto conlleva en términos de «favores», pasajes gratuitos para funcionarios, amigos y familiares, y otros beneficios que la habían llevado al borde de la desaparición cuando se la privatizó en 1991.
Fue en un proceso cargado de irregularidades, cabe decirlo.

Esto haría diluir de forma definitiva la idea del «socio empresario nacional» que se baraja desde hace un par de meses; ese socio iba a ser Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebús, que había sido acercado a la operación por Ernesto Gutiérrez, CEO de Aeropuertos Argentina 2000. La operadora del sistema de aeropuertos del grupo que encabeza Eduardo Eurnekian necesita de Aerolíneas/Austral por la sencilla razón de que aún en crisis representan 75% del tráfico aéreo del país y tiene una acreencia de u$s 60 millones por tasas aeroportuarias.

El fundamento formal del pedido de intervención es el no pago de los salarios en término, la deuda posconcursal que acumuló la compañía, la falta de inversión de los accionistas mayoritarios, el incumplimiento de obligaciones con proveedores y otras formalidades que no ocultan la verdadera intención del gobierno: la reestatización de Aerolíneas Argentinas y la estatización de Austral, que siempre fue una empresa privada.

Hostigamiento

Lo llamativo es que este gobierno apunta a quedarse con una empresa aérea en el peor momento de la historia de este mercado, en el que gigantes como Delta y Northwest se fusionan, otras como Alitalia o Varig atraviesan crisis terminales y -en general- se reducen rutas y personal en todo el planeta.

Desde hace un lustro, el constante hostigamiento de dos de los sindicatos, APLA (comandantes) y APTA ( técnicos), provocó un estado de caos que influyó en el progresivo abandono de la empresa por los viajeros. A eso se le sumó el congelamiento de las tarifas, contemporáneo con la mayor trepada de la historia en el precio del combustible: mientras los precios de los pasajes se mantuvieron iguales en pesos, el petróleo quintuplicó su valor.

Curiosamente, Jorge Pérez Tamayo, secretario general de APLA y verdadera punta de lanza de la ofensiva para reestatizar la aérea, no se sentó ayer a la mesa en que gobierno y gremios acordaron la ofensiva final contra Marsans. La razón: la histórica pelea que mantiene con sus colegas de Austral nucleados en UALA, encabezada por Diego Serra. El dirigente se autoconfinó a una oficina contigua a la de Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo, a quien acompañó el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, sin dudas el mayor enemigo de la gestión de los españoles en Aerolíneas.

Tampoco se presentó el otro ariete pro estatización, Ricardo Cirielli, secretario general de APTA (técnicos) y hasta hace algunos meses subsecretario de Transporte Aerocomercial, cuyo público enfrentamiento con Jaime hizo que se «excusara de concurrir por razones personales».

Los cuatro sindicalistas que sesionaron entonces durante casi cuatro horas -lapso durante el cual Jaime no ahorró durísimos epítetos y acusaciones contra el Grupo Marsans- fueron el mencionado Serra, Ricardo Frecia (AAA, auxiliares de a bordo), Edgardo Llano (APA, personal de tierra) y Rubén Fernández (UPSA, personal superior).

Finalmente, el pequeño ATVL (técnicos de vuelo, una especialidad que casi ha desaparecido) tampoco se hizo presente.

Todos -incluyendo los ausentes- firmaron el compromiso de acompañar al Estado en la presentación judicial salvo UALA, dado que Austral -si bien comparte administración y servicios de tierra con Aerolíneas- es de hecho un ente separado. También la «paz social» por dos meses, que no casualmente coinciden con la temporada alta de vacaciones de invierno.

Hoy, entonces, comenzará a decidirse el destino del mayor grupo aéreo de la historia argentina, cuya crisis concurrieron a provocarla la falta de conducción de la controlante, la intención desde el inicio del gobierno de los Kirchner de reestatizarla y la acción de dos de los gremios, que comparten ese objetivo.