En medios de la Casa Rosada se comenta que -habiendo ya tomado el Gobierno de Alberto Fernández la decisión de prorrogar la cuarentena- la discusión ahora pasa por si se anuncia una extensión por dos semanas o por un lapso mayor. El tema no deja de preocupar a los empresarios que, sin dejar de reconocer la importancia de las medidas sanitarias, advierten sobre el daño económico que implican las medidas de aislamiento. En particular, temen que las restricciones puedan llevar a “un punto sin retorno en el que el daño sea irreparable”. Dicho de manera directa, que no se llegue a la quiebra de una gran mayoría de empresas y comercios con la consiguiente pérdida de capital y fuentes de trabajo.
Entre los especialistas que asesoran al Gobierno en materia de salud las opiniones sobre cuándo se produciría el pico de la pandemia oscilan entre fines de mayo y principios de junio.
Algunos plantean un escenario todavía más complicado. Sostienen que cuando se liberen los controles, habrá una base de infectados que podría dar lugar a un salto en la cantidad de enfermos. Esto sería así por la imposibilidad de realizar políticas agresivas de detección (como las que aplicaron los países asiáticos) para aislar a los infectados. De esta forma se podría dar una segunda ronda de restricciones, justificadas desde el punto de vista sanitario, pero que serían particularmente dañinas para el desenvolvimiento económico.
Falta de coordinación
Entre los empresarios se cree que el Gobierno ha centrado su preocupación en el problema sanitario más que en el económico en buena medida porque todavía no son tan evidentes los costos de la crisis económica que se está desarrollando. Aunque desde la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la CAME, sólo por mencionar algunas entidades, ya vienen alertando de los serios problemas que están atravesando.
Desde gremios que aceptan rebajas salariales para preservar los empleos hasta la grave situación que atraviesan, por ejemplo, los micros de transportes escolares que sólo trabajaron 10 días, que no cuentan con ninguna ayuda estatal y, peor aún, nadie les da una solución a un sector que agrupa a 4.500 pequeños prestadores habilitados. Este sector es sólo un ejemplo de la debacle económica que se producirá si el Gobierno no pone en la misma balanza el tratar de preservar la salud de la población así como la economía, advierten con preocupación algunos economistas.
Hasta el momento, el Gobierno intentó hacer frente a los problemas económicos con medidas que sufrieron problemas de implementación. Por caso, una de las primeras decisiones que se anunciaron fue la asistencia a las empresas para el pago de los salarios pero, según se comenta en fuentes oficiales, la implementación se demoró más de un mes porque los pedidos de partidas del Ministerio de Trabajo para determinar el universo a asistir no recibían la respuesta presupuestaria que se necesitaba desde el Ministerio de Economía. Y la ayuda para todos aquellos que no están en relación de dependencia, recién están algunos comenzando a percibir los $10.000. Es que Martín Guzmán está abocado fundamentalmente al tema de la deuda.
En este sentido se señala que uno de los problemas importantes es la fragmentación del Gobierno en un esquema en el que “cada uno maneja su quinta”.
Dicen que el Banco Central está más preocupado por mantener al sistema financiero que en asistir crediticiamente a las empresas, que la AFIP se centra en sostener la recaudación, que Hacienda “se sienta sobre la poca caja que le queda” y así sucesivamente. Algo de esto debe estar sucediendo, según se comenta en fuentes oficiales, ya que se habría resuelto que la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, tenga a su cargo un papel de coordinadora de la gestión. Por lo pronto, en los últimos días hubo dos encuentros del Gabinete económico, cuando habitualmente se reunía una vez por semana.
Ricos y pobres
“El problema es que la Argentina administra la crisis del coronavirus como si fuera un país rico como Noruega, pero va a sufrir las consecuencias que tendrán los países más pobres”, sostiene un importante economista. Y explica que el país no tiene una moneda en la que los ciudadanos confíen, no cuenta con un fondo anticíclico como el que supieron conformar en Chile o la credibilidad de Perú, que pudo lograr colocar deuda externa a una tasa menor al 3% anual. “Lo único que le queda al Gobierno es la emisión y en estas condiciones el exceso de dinero se traducirá en más inflación”, concluye.
Entre las consultoras privadas existe el temor de que esta situación pueda empeorar si el país ingresa en default, un riesgo que evalúan como bastante posible. En lo sustancial, los acreedores están pidiendo una mejora en la oferta argentina que implica un mayor esfuerzo en el pago de intereses, una alternativa que el Gobierno no parece dispuesto a conceder, con el argumento adicional de que la crisis desatada por la pandemia impide un esfuerzo fiscal a corto plazo.
Lo que algunos analistas observan es que existen razones que pueden explicar una ruptura. Por el lado de los acreedores, es atractiva la posibilidad de ir a litigio en los tribunales de Nueva York, donde se estableció una tasa compensatoria de interés para las deudas impagas de 9%, cuando la Argentina ofrece no pagar nada durante tres años.
Pero también está la tentación de algunos sectores en la Argentina de caer en default en un momento en que el superávit comercial no haría tan gravosa esta alternativa. En todo caso, se considera que el país seguiría contando con dólares excedentes en la medida en que existe cepo, exporta alimentos, es decir, un producto cuya demanda se mantendría, no tiene mayores problemas en la balanza energética y la demanda de importaciones está restringida por la recesión, y el turismo está y continuará bastante paralizado.
Sin riesgos de hiperinflación
De esta forma, economistas como Ricardo Arriazu consideran que no existe riesgo de hiperinflación en la medida en que el Banco Central cuente con dólares y, por lo tanto, el valor de la divisa -la principal referencia de los precios- no ingrese en un espiral ascendente. No obstante, debe tenerse en cuenta que según la magnitud de la ayuda que demande la economía, la base monetaria puede duplicarse o hasta triplicarse, según advierten los economistas, un fenómeno que conduciría a un aumento de la inflación y por lo tanto de la pobreza.
La duda que se plantean algunos sectores es por qué el presidente Alberto Fernández no convoca a un consejo de expertos económicos o al consejo económico y social de la misma manera que no dudó en reunir a un grupo de sanitaristas para que lo auxilien sobre cómo manejar la emergencia sanitaria. Esperan que lo haga antes de que sea tarde.
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