Grave: Congreso aprobó la ley para subsidio a Moyano

La pasión del gobierno de Néstor Kirchner de intervenir en privatizadas subsidiando lo que éstas no cumplen ganó ayer otra batalla. El Congreso, después de varios intentos, le aprobó la polémica modificación a la tasa de 18,5% sobre el gasoil, que pasa ahora a ser un impuesto de 20,2%. Impacte o no en el precio de ese combustible, el resultado de la ley es poco serio. Gana un funcionario cuestionado como Ricardo Jaime, que maneja subsidios millonarios para el sector de transporte, desde negociar bajas en peajes -que luego se pagan con impuestos -hasta las dudosas inversiones en trenes. Ahora recibirá más. Gana también Hugo Moyano, que se lleva a su gremio -para curiosos programas de perfeccionamiento de camioneros-parte de la recaudación del nuevo impuesto. Y pierden los consumidores, que anoche no sabían -tampoco las empresas petroleras-si el cambio terminará o no en una suba del precio del gasoil.

La pelea en el Congreso se terminó, y desde ayer, es ley el proyecto que modifica la tasa especial de gasoil de 18,5% - fijada por decreto sobre el precio de refineríatransformándola en una alícuota impositiva de 20,2%. Algunos de sus efectos inmediatos -una vez que Néstor Kirchner firme el decreto de promulgación-son mas que conocidos, otros están en la nebulosa. Por ejemplo, Ricardo Jaime, secretario de Transporte, tendrá más libertad para manejar y destinar sus millonarios subsidios al sector del transporte, y Hugo Moyano (el otro «socio» de esta polémica ley muy impulsada desde el Ejecutivo) comenzará a recibir más fondos para sus programas sindicales de formación profesional de camioneros. Para la gente, en medio de estas disputas que muchos senadores y diputados se negaban a convalidar, el impacto es todavía incierto: si bien se elevó la tasa, al convertirse en impuesto, el proyecto modificó la base imponible del nuevo tribuno de manera que el cambio no produjera impacto en el precio del gasoil. Pero no es seguro que el resultado sea ése, y en algunas empresas petroleras ya se analizaba anoche si el impacto en precios sería neutro como publicitó el gobierno.

• Para que la ley Jaime-Moyano -como popularmente se la conoce en el Congresopudiera ver la luz, hizo falta no sólo que el gobierno presionara en varias ocasiones a los legisladores de ambas cámaras, sino también numerosos intentos de sanción en el Senado, donde las resistencias fueron mayores.

• De poco sirvieron las órdenes de Julio De Vido -nunca lo pidió Roberto Lavagna-y las reuniones en la Jefatura de Gabinete para que los senadores destrabaran la iniciativa. El problema allí no era sólo el financiamiento de cajas sindicales con los fondos provenientes de la ley y un aumento del poder de Jaime en Transportes, sino también la convicción de los senadores por La Pampa, Córdoba y Santa Fe de que el cambio de tasa a alícuota implicará un aumento directo del precio del gasoil. En esa cámara se estimó, incluso, que sería superior a 1,5%.

• En la cruzada para impedir la votación se subieron los peronistas de esas provincias y todos los radicales hasta que el PJ consiguió, después de seis intentos frustrados, imponer el número.

• El esfuerzo no era para menos: el propio Néstor Kirchner le había pedido a Jorge Capitanich que apuraran la sanción del proyecto durante un aparte, minutos después del acto por el cierre del canje de deuda en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Todo el Congreso sabía que el gobierno quería la ley, pero el rechazo íntimo de muchos legisladores podía más.

• Una vez sancionado en el Senado, el camino en Diputados quedó despejado. Anoche, la Cámara baja lo aprobó ratificando su sanción original.

Es decir, eliminó los pocos cambios que se habían introducido en el Senado que, básicamente, establecían una suerte de garantía mínima para que el Ejecutivo impidiera la posibilidad de un aumento en el precio del gasoil, una vez aplicada la ley.

Y no hubo problema con el número: se votó por 114 votos a favor contra 4 negativos y 34 abstenciones.

• Lejos de considerarlo un capricho, el gobierno justificó siempre la aprobación del nuevo impuesto en la necesidad de terminar con demandas judiciales contra la aplicación de la tasa especial de 18,5% existente hasta ayer, que quienes lo pagan interpretan como un impuesto encubierto dispuesto por decreto.

• Pero en el Congreso nadie pudo obviar que, además de transformar la tasa por decreto en un impuesto por ley, se estaban modificando también los destinos fijados para el fondo fiduciario que se alimenta de esa recaudación con afectación específica. Por eso, desde ahora, seguirán recibiendo fondos el « desarrollo de los proyectos de infraestructura...» o «la eliminación o reducción de los peajes existentes», y gozarán de esa cadena de la felicidad «las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transportes de pasajero automotor», «la asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización de servicios de transporte de carga por automotor» -a cargo del sindicato de Moyano-. Y también Jaime podrá dar rienda suelta a la pasión subsidiaria de su secretaría sobre «inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga».