Patricia Bullrich le hizo a Fernando de la Rúa, ayer, lo que el Presidente más detesta: ubicarlo como el que tiene la responsabilidad sobre la decisión final de un conflicto importante. Fue eso lo que se dedujo, aunque la Bullrich no lo haya advertido, de su expresión: «El gobierno ya le comunicó al Fondo Monetario Internacional la desregulación de las obras sociales y el decreto está a la firma del Presidente». Sin embargo Ricardo Ostuni, el secretario y vocero de De la Rúa, trató de sacar a su jefe del brete diciendo que «todavía falta, está todo en el área legal de Economía, todavía no lo mandaron, tal vez mañana (por hoy)».
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Es lógico. Ostuni no sólo conoce la fobia de De la Rúa a protagonizar conflictos. También tenía información sobre detalles que la Bullrich ignoraba, acaso por su vocación por encarar peleas con poca flexibilidad, todo lo contrario del Presidente. Por ejemplo, Ostuni estaba al tanto ayer sobre la conversación que tuvieron el Presidente y su sindicalista preferido, Armando Cavalieri, en el Jockey Club, después de la tenida habitual del Club del Siglo: «Tenemos que hablar, Fernando», comentó Cavalieri y recibió una respuesta ambigua. «Sí, tenemos que hablarnos, pero si cuando estamos hablando ustedes me hacen un paro...». El «Gitano» retrucó: «¿Y yo qué les explico a las mujeres de mi sindicato, que son mayoría, cuando las querés hacer trabajar 5 años más?». «Bueno, tenemos que hablar», terminó De la Rúa.
Chrystian Colombo, el jefe de Gabinete, también mantuvo varios contactos, algunos directos y otros mediados por amigos suyos que hace tiempo mantienen relaciones estrechas con el sindicalismo. Tanto es así que hasta Gerardo «Media Cuchara» Martínez tenía ayer prevista -para hoyuna reunión con «el Vikingo».
De todas estas conversaciones, las de De la Rúa y las de Colombo, se desprendió ayer una conclusión fáctica: el Presidente no firmó el decreto complementario que, en mayo, había dictado Carlos Chacho Alvarez disponiendo la desregulación total de las obras sociales para el 1 de enero.
Excusa
Esa demora se excusaba anoche en Olivos, como siempre, en razones técnicas. El propio Presidente se encargó de quitarle importancia a la norma, diciendo que la importante era la de mayo y que la que falta es sólo un decreto aclaratorio (no sería, entonces, de necesidad y urgencia). Sin embargo, la sospecha que se extendía a última hora de ayer fue que la desregulación total podría llegar a negociarse con el sindicalismo a cambio de que la CGT acompañe con calma social la maniobra económica (y electoral) del gobierno.
Los sindicalistas de la central dialoguista que conduce Rodolfo Daer lo entendieron así y por eso suspendieron una reunión con la CCT de Hugo Moyano en la que se decidiría un nuevo paro, una marcha sobre la Plaza de Mayo y eventualmente la unificación de todo el gremialismo en contra del gobierno. Si el encuentro no se produjo fue porque, desde la oficina de Colombo, les hicieron llegar algunas se-ñales de negociación. Entre ellas, la posibilidad de que la apertura del sistema de obras sociales se desdoble. Es decir, que en enero se abran las obras sociales de personal de dirección (las de mayores ingresos) a la participación de las empresas privadas y que las entidades sindicales se desregulen recién un año después.
El pretexto para este desdoblamiento sería que el Estado tiene una deuda con las obras sociales sindicales que les impediría enfrentar la competencia con el sector privado. Si avanzara esta línea, se impondría finalmente la tesis de Rubén Cano, el superintendente de Salud, en detrimento de Pablo Gerchunoff, de Economía. A propósito de Cano, ayer trascendió que en su superintendencia se realizaron varias modificaciones al nuevo marco que regirá la competencia (sobre todo en términos de prestaciones obligatorias), lo que movilizó a todos los sectores vinculados al negocio de la salud a salvar su participación en el sistema con una cláusula.
