Habría amnistía a quienes tienen empleados en negro

Empresarios y sindicalistas avanzaron ayer, con el aval del Ministerio de Trabajo, en el proyecto de implementar algún tipo de blanqueo o amnistía laboral para incorporar al mercado legal a trabajadores en negro que permitiría mejorar la recaudación previsional y reactivar. La medida podría tomarse por un período corto y luego la cartera que dirige Graciela Camaño avanzaría con controles más firmes que los actuales. Esta medida fue el principal capítulo discutido dentro de la primera jornada de negociaciones por el "trabajo legal" en el Ministerio de Trabajo, y sería donde las partes (empleados y empresas) más cerca estarían de llegar a un acuerdo. Otra medida de las que se estudiaron ayer, y donde habría cierto avance, es la posibilidad de incorporar los 100 pesos de aumento a los salarios desde enero, con lo que comenzarían a pagarse aportes patronales. A cambio, no se llamaría al Consejo del Salario. También se respetaría el uso de horas extra dentro de las empresas y se mantendría la doble indemnización pero sólo hasta marzo del año próximo. Donde por ahora no hay acuerdo es en la implementación de un seguro de desempleo y en una mayor flexibilidad laboral. La idea del gobierno de Eduardo Duhalde es que las medidas en las que haya acuerdo se anuncien el 30 de noviembre y tengan carácter vinculante. Esto es que el Congreso esté casi obligado a aprobarlas y a ponerlas en vigencia lo más rápido posible.

El gobierno, empresarios y sindicalistas de la CGT oficial avanzaron ayer en la posibilidad de acordar alguna forma de «amnistía» para los empleados en negro que se blanqueen durante un lapso determinado, y tomar parte de esos aportes patronales a cuenta del IVA. También discutieron la posibilidad de incorporar formalmente al salario a partir de enero los 100 pesos de aumento dispuestos en abril pasado, con lo cual se comenzarían a liquidar aportes por este dinero. Una idea que habría quedado ya archivada es la de eliminar la doble indemnización, aunque se asegura que la medida no será prorrogada y que terminará en marzo próximo.

Estas fueron las principales conclusiones y puntos de debate de la primera jornada sobre el «Trabajo Decente», que cuadros técnicos enviados por los empresarios y los sindicalistas negociaron dentro del Ministerio de Trabajo.

Según la idea del gobierno, todas las conclusiones que tengan aprobación de las tres partes formarían un documento que se presentaría el 30 de noviembre en una conferencia de prensa en la cartera laboral, y tendrían carácter vinculante. Esto quiere decir que habría algún tipo de obligación para que el Congreso trate estas propuestas y avance en leyes. «Este ministerio termina su gestión en mayo del año próximo. Todas estas medidas laborales son para facilitar la gestión del próximo», afirmaba una fuente del Ministerio de Trabajo al explicar cuál es el sentido de estas reuniones.

Ayer comenzaron las negociaciones representantes técnicos de la UIA, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), CAME, Abappra y ABA por parte de los empresarios; la CGT oficial que responde a Rodolfo Daer, la CTA de Víctor de Gennaro y la CGT de Hugo Moyano por los sindicalistas; además de los representantes del Ministerio de Trabajo, comenzando por la viceministra Noemí Rial.

Los técnicos se dividieron en cuatro grupos y avanzaron sobre los siguientes temas.

A) Políticas de ingreso. En esta comisión se discutió la posibilidad de incorporar desde enero el pago de los 100 pesos obligatorios desde junio de este año, hoy no remunerativos, dentro del salario mensual. Esta fue una propuesta de la CGT oficial que en principio sería aceptada por los empresarios, ya que sería una alternativa para escaparle a la propuesta de los hombres de Hugo Moyano que buscaban la apertura del temible Consejo del Salario. En realidad, para los trabajadores sería una reducción de sus ingresos actuales, ya que una vez que los 100 pesos ingresen en el salario comenzarían a pagar aportes previsionales, con lo que como mínimo los ingresos se reducirían entre 5 y 11%.

B) Jornada de trabajo. Probablemente sea el capítulo con menores avances. Se habló de reducir las horas extras a cambio de la incorporación de nuevos empleados. Sin embargo, y como la CGT rechaza la posibilidad de reducir la doble indemnización a cambio de esta alternativa, los empresarios no están dispuestos a negociar este capítulo. Además, se considera que en muchos sectores no es posible reemplazar a trabajadores especializados.

C) Empleo no registrado. Sería el capítulo donde mayores coincidencias habría entre los empresarios y los sindicatos. Se habla de un «blanqueo» o «amnistía» temporal para las empresas que incorporen a trabajadores hoy en negro. Se abriría por un período determinado, luego del cual el Ministerio de Trabajo podría sancionar con multas mayores a las que rigen actualmente en el caso que detecte empleados en negro. En este capítulo también se analizó implementar de nuevo la posibilidad de tomar todo o parte de los aportes previsionales a cuenta del IVA, como regía en los planes de competitividad de Domingo Cavallo. El problema de esta medida es que debería ser aceptada políticamente por los gobernadores que verían reducidos sus ingresos de coparticipación. Además, debería ser una alternativa aprobada por el FMI.

D) Protección del desempleo. Aquí los cuadros técnicos analizarán alternativas para las indemnizaciones por despidos y la posibilidad de avanzar en algún tipo de seguro de desempleo. La idea de eliminar la doble indemnización quedó descartada a pedido de la CGT oficial, pero se rechazó la propuesta de la CGT de Hugo Moyano, que pidió aplicar la medida a todo 2003. La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, aseguró que su idea es mantener la medida hasta marzo del próximo año.