Hace 10 años que en la Argentina no se controla cómo gasta el gobierno los fondos públicos. Esto significa, de acuerdo con el sistema de control que impera en el país, que desde 1994 el Congreso no aprueba la cuenta de inversión de cada año. No es casual que esto haya sucedido; tampoco, la fecha. Ese año fue clave para la administración Menem, y se vieron reflejadas las liquidaciones de la mayor parte de las privatizaciones que llevó adelante ese gobierno. La comisión mixta revisora de cuentas emitió un dictamen -también de los años 1995 y 1996- que fue aprobado por el Senado, pero en Diputados rechazan aprobar esa rendición de cuentas. Tanto la oposición como el actual oficialismo se niegan a pagar el costo político de cerrar contablemente esa etapa de la historia argentina, a pesar de que en la redacción del despacho hayan participado, incluso presentando objeciones, todos los partidos. De ahí en más, entonces, se trabó el tratamiento de las cuentas de inversión y con eso se bloqueó el único procedimiento de supervisión que hoy existe sobre las cuentas públicas, habiendo desaparecido el Tribunal de Cuentas: el control ex post (posterior) de la Auditoría aprobado luego por el Congreso.
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Lo cierto es que la legislación argentina no aporta soluciones al tema. No existe para estos casos una fecha límite en la Ley de Administración Financiera, por ejemplo. Para intentar soluciones, los diputados y senadores de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas organizaron un seminario en el Congreso el jueves y viernes de la semana anterior -Jornadas sobre la Cuenta de Inversión-, que curiosamente sesionó al mismo tiempo que Roberto Lavagna presentaba en persona el proyecto de Presupuesto nacional 2005 que, se sabe, contiene como el año anterior amplísimas facultades para evitar los límites que impone al gobierno la Ley de Administración Financiera del Estado y hasta la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Poco antes de la llegada del ministro de Economía al Congreso, Daniel Scioli, Eduardo Camaño, el santafesino Oscar Lamberto, presidente de la Revisora de Cuentas; y Leandro Despouy, presidente de la AGN, recibían al embajador de España, Manuel Alabart, y al embajador de Chile, Luis Osvaldo Maira Aguirre.
Los invitados extranjeros y los panelistas argentinos -como Alberto García Lema, Raúl Baglini, Juan José Alvarez o Mario Rejtman Farah- fueron terminantes en las conclusiones: el mecanismo de control de la cuenta de inversión en la Argentina no sirve. No es, dijeron, un mero problema de aplicación de la ley o una demora política, sino una falla del sistema. En las actuales condiciones, es imposible realizar un control legal completo sobre el manejo de los fondos del presupuesto por parte del gobierno. Según probaron, no es factible hoy que se controle la cuenta de inversión de un año a un presidente durante su mandato. Las trabas políticas sin solución -evidentes en la demora actual en el país- hacen que el procedimiento demore no menos de cuatro años. El paso del tiempo provoca que, así, se vuelva irrelevante el contralor. La recomendación fue, entonces, modificar la Ley de Administración Financiera, es decir, la ley madre de la contabilidad nacional, la misma que los superpoderes del gobierno buscan siempre evitar a la hora de modificar partidas del presupuesto.
Ejemplos curiosos de lo que sucede en el país hubo de sobra. Hoy, el Congreso está en condiciones de tratar la cuenta de inversión de 1997. La Auditoría no envió todavía el informe de 2002 que, por otra parte, será complicado por la cantidad de deuda que se emitió por decreto y por los efectos de la pesificación, y hay preguntas que ha hecho a la ANSeS que esperan respuesta desde 1998. Así, existen 10 años de ejecución de gastos que no fueron todavía aprobados por el Congreso y pasarán muchos más antes que sean revisados. De existir allí alguna irregularidad, pasará a ser prácticamente un hecho histórico, más que penal.
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