Ante el nuevo canje de deuda y el traslado de la jurisdicción para pagar a los bonistas a Buenos Aires, el Gobierno nacional dejó una incógnita abierta sobre el futuro de los u$s 539 millones que ya depositó en bancos de Nueva York para cancelar anteriores vencimientos.
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"Deberíamos preguntar al juez Griesa por los u$s 530 millones, que entiende y debe resolver la causa", dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al ser consultado sobre el destino de esos fondos.
En junio, la Argentina depositó el dinero en una cuenta de Bank of New York Mellon Corp en el Banco Central de Argentina, destinada a pagar a los bonistas que participaron en los canjes del 2005 y 2010 para reestructurar la deuda soberana. Además, colocó fondos en Citibank Argentina. Sin embargo, el juez Thomar Griesa bloqueó los pagos argumentando que eran acciones "ilegales" que violaban sus decisiones previas.
En ese marco, el funcionario advirtió que según el inciso 7, del artículo 35 de la Constitución nacional, es una "atribución" del Congreso el "arreglo de la deuda interior y exterior" y que por lo tanto, es el Poder Legislativo el que definirá el nuevo lugar de pago. "Es un proyecto que debe ser sometido al debate. Cuando tengamos la ley, se reglamentará adecuadamente", sostuvo Capitanich, sin aclarar si se puede lograr el reintegro de los fondos congelados por el magistrado.
"Ante el vencimiento el 30 de septiembre, estamos generado las condiciones para que el pago llegue a los tenedores", afirmó el jefe de Ministro, quien también resaltó el nuevo proyecto de ley anunciado por Cristina de Kirchner para reabrir el canje. "Los tenedores deben aceptar voluntariamente la nueva jurisdicción", aseveró.
En este marco, Capitanich volvió a apuntar contra Griesa. "Es un ariete para fulminar el proceso de reestructuración de la deuda" pública argentina. "El juez debería ser neutral y generar las condiciones de negociación por medio de un stay y así podría avanzar el proceso para abarcar al cien por ciento de los bonistas", dijo en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
El exgobernador del Chaco analizó que "por lo tanto, cuando hablan de desacato, incumplimiento, no advierten que la Argentina es un país soberano y tiene inmunidad soberana".
También explicó que con el proyecto de ley de pago soberano de la deuda pública, la Argentina va a "proteger al 92,4 por ciento de los bonistas que ingresó a los canjes" de 2005 y 2010.
Asimismo, Capitanich consideró que "es inequitativo que un grupo minúsculo de 1 por ciento, con anuencia de un juez, con interpretación errónea, equivocada e irracional, provoque un obstáculo para el cumplimiento de este compromiso".
En otro tramo de la conferencia, remarcó que con el proyecto, "lo que Argentina hace es lisa y llanamente ratificar su condición de país soberano y establecer mecanismos para garantizar el pago" de la deuda reestructurada.
Capitanich insistió además en "la responsabilidad de Estados Unidos por la actuación de unos de sus poderes, que ha impedido garantizar la seguridad jurídica", en el caso de los holdouts.
El proyecto enviado al Congreso "establece un sistema de depósito para la totalidad de los bonistas que reestucturaron su deuda", contempla "un cambio de agente fiduciario" y propone "mecanismos para que los depósitos lleguen a los acreedores", recordó.
El martes por la noche, al presentar el proyecto de ley en cadena nacional, Cristina explicó que se utilizará al Banco Nación como agente fiduciario, mientras que ofrecerá a los tenedores de deuda la opción de canjear sus bonos por similares bajo legislación local.
También se conformará una cuenta fiduciaria del Nación consignada en el Banco Central para depositar los pagos a los fondos buitre, quienes podrán acceder a ese dinero si aceptan cambiar los títulos del default por los de la reestructuración de la deuda.
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