Se ha acordado gran parte de las bases de la reforma previsional que encarará el próximo gobierno. Tiende a fortalecer la jubilación estatal, vinculando el aporte con el beneficio. Pero además permitirá que otras entidades, como los sindicatos, empresas o mutuales administren fondos de pensiones al igual que las AFJP. A priori, la reforma apunta a aumentar la competencia, pero hasta conocer la letra chica no pueden definirse ganadores ni perdedores. Los trabajadores podrán traspasarse de un régimen a otro. Así, tendrán más alternativas para mejorar su jubilación. Habrá una jubilación estatal que exigirá 30 años de aportes. Si no llega a esos años, el Estado cubrirá el resto hasta que alcance una jubilación equivalente a 50% del salario. Habrá un tope: esta jubilación no podrá ser mayor a 80% del salario. Si bien existen algunos desacuerdos como, por ejemplo, qué parte del aporte irá a cada régimen, los lineamientos generales están acordados. Habrá una jubilación solidaria, pero sólo para aquellos que no tengan ningún tipo de ingreso. Los planes asistenciales como el seguro de desempleo deberán aportar a la jubilación. La recaudación previsional pasará de la órbita del Ministerio de Economía al de Trabajo y Seguridad Social.
Existen aún algunas divergencias fundamentalmente acerca de qué porción del aporte personal irá al régimen estatal y cuál a la capitalización. Este fue el cortocircuito que surgió en las últimas horas y que impidió la rúbrica del documento.
El esquema diseñado contempla que el sistema estará integrado por cuatro componentes: uno asistencial, no contributivo; otro contributivo y obligatorio; un tercero de contribuciones definidas, también obligatorio; y un cuarto voluntario e incentivado.
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