Hoy firmarán el acuerdo y dan como juego político oposiciones

Nadie sabía bien por qué pero se aseguraba anoche que hoy se firmaría el acuerdo del gobierno nacional con las provincias justicialistas, o al menos buena parte de éstas. Se daba como «muy probable» con todas, tras haber firmado las radicales el viernes pasado. Las últimas declaraciones de los gobernadores han sido duras e, inclusive, provocaron alguna decepción. El bonaerense Carlos Ruckauf se explayó contra la eliminación de las jubilaciones estatales (casi la única medida de fondo para efectivamente bajar el gasto público y hacer en algunos años menos pesado el pago de la deuda pública) pese a que el gobierno asumía el costo político de disponerla por decreto de necesidad y urgencia y le sacaba la responsabilidad al Parlamento. Iría parte de la medida por decreto y parte por ley para evitar alguna acusación de «inconstitucionalidad». Si no es tramposa la forma (se trata desde mañana si se firma hoy el acuerdo) para lograr la ayuda externa, sería aceptable. Funcionarios toman la oposición de Ruckauf como juego político e, inclusive, el mismo fin le adjudican a un intento que pudiera surgir de unir radicales, frepasistas y justicialistas en el Congreso para tratar de derogar el decreto que, en definitiva, afecta al gobierno y beneficiará a quien presida el país desde el año 2003, aliviándole el pago de la pesada deuda pública. Se firmaría pero habrían dejado asentada su oposición para futuro uso político (como el caso de la rebaja de los sueldos del Estado, que en voz baja se la admite como lógica pero nadie pierde oportunidad de refregársela por la cara al gobierno).
Es distinta la preocupación cuando los gobernadores hablan de «crecimiento vegetativo» que debería zafar del congelamiento por 5 años o que «no podamos designar ningún nuevo policía», como sostiene Carlos Reutemann o «si creo 50 hospitales móviles no podría designar médicos», afirmación de Ruckauf. El problema aquí es que podría aumentar el uso de secretarias, asesores y ayudantes pero con designación oficial de «enfermeras» (ha sido un clásico en el pasado del empleo público argentino). Los gobernadores piden poder violar 1% el congelamiento para «salud, educación y seguridad». Hasta anoche se aseguraba que igual se firma el acuerdo hoy y sin conceder ese 1% por temor al uso demagógico señalado.

En el gobierno confían en que provincias justicialistas más chicas (Jujuy, Formosa, quizá Salta) no duden en firmar y que las otras -declaración pública más o menos-también lo hagan.

A la provincia de Buenos Aires le acordaron en la Legislatura provincial -donde es minoría el Ejecutivo bonaerense-la capitalización del tambaleante banco provincial pero ahora necesita 400 millones para concretarla. En otras provincias está el problema de la refinanciación de vencimientos acuciantes, que son como las obras sindicales: se les alivia el momento y vuelven a ahogarse.

El gobierno, a su vez, tampoco se salva de las críticas. Debió acompañar el pedido de congelamiento a los gobernadores con otras medidas efectivas incluidas en el paquete que hubiera dejado comprometidos a los provinciales. Por caso disolver, como le han pedido, algunos ministerios de accionar teórico. Hubiera sido un gesto porque, además, el gobierno también tiene el déficit de las dudas del presidente De la Rúa y las quejas contra todo ajuste del ex mandatario Raúl Alfonsín («lo dice pero no lo cree todo. Sucede que tiene que jugar así para mantener una línea con el Frepaso con vistas a las elecciones del año próximo porque nuestros aliados acuerdistas de hoy apenas comience el proceso electoral se nos volverán en contra», dicen los radicales para defenderlo).

Igual se nota cierto menosprecio a la gravedad de la crisis. Como en la hiperinflación de 1989, aquí se nota menos el golpe en el fondo del abismo porque no hay saqueo de supermercados. Pero a la larga el efecto es peor en desempleo, en crédito a las provincias, en financiamiento para producir. Hoy día no hay crédito para empresas de segunda línea -por caso las que descuentan en bancos los pagos a muy largo plazo de los supermercados-y eso en el mediano plazo se traduce en cierre y gente en la calle.