Montevideo - Un conflicto gremial entre camioneros y Ambev-Quimsa, propiedad de Quilmes de Argentina, Brahma y Antárctica de Brasil y Salus SA (grupo Danone de Francia), paralizó aquí la distribución de cerveza y amenaza con extenderse al vecino país, desde donde se administra la fábrica uruguaya que controla 99,4% del mercado local de la popular bebida. Ayer, el secretario general de la Intergremial de Transporte por Camiones, Diego Valverde, se reunió en Buenos Aires con su par, Hugo Moyano, quien -según un vocero sindical- le habría prometido apoyo y presionar a Ambev-Quinsa para lograr una solución al conflicto.
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Los transportistas de cerveza del Uruguay -250 camiones en todo el país- reclaman que se cumpla el contrato de distribución que le asigna una comisión de 35% del precio de lista, mientras que la empresa quiere bajar ese porcentaje a 23,7%. Como los contratos vencen recién el 31 de diciembre de 2005, la suma en juego es varias veces millonaria. Cada camión distribuye por día unos 300 cajones de 12 botellas de un litro cada uno. La unidad se vende al público minorista a razón de un dólar americano, por lo que el paro significa una pérdida de u$s 2.400.000 diarios.
A la medida de fuerza que lleva desde el viernes pasado la Federación de Transportistas de Bebida (Fetrabe) se sumaron los camioneros que llevan insumos a las fábricas nacionales de cerveza (FNC), en realidad Ambev-Quimsa, que debieron paralizar su producción y presionaron con mandar al seguro de paro -medida previa al despido en la que el Estado paga el sueldo por 6 meses y a su término la empresa debe optar por despedir o incorporar nuevamente- a 400 empleados. Esta decisión agrava al conflicto porque los gerentes de Ambev-Quinsa en Uruguay se habrían negado a negociar y derivaron el conflicto a resolución de Buenos Aires, donde se encuentra la regional de la empresa que atiende a la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Sin embargo, en la capital rioplatense, el directivo Carlos Argayan habría asegurado que la cervecera se encuentra abierta a la negociación. En ese punto pareció clave el apoyo de Moyano, cuya influencia, ahora, puede extenderse a la región a partir de la modalidad negociadora de Ambev-Quinsa. En un principio, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) trató de destrabar el conflicto para que no se vea afectada la fuente laboral, pero Richard Reed -gremialista del sector- debió resignarse a que sus representados fueran enviados al seguro de paro. «No se notificó aún el envío a seguro de paro, pero al no realizarse tareas genuinas de llenado, las de limpieza pueden demandar uno o dos días. Seguramente el viernes se estará dando el envío al seguro de paro», explicó Reed.
Hasta ayer, la distribución de cervezas Martina y Patricia, el agua natural Salus y la gaseosa Pepsi Cola, elaboradas por la empresa Salus, se encontraba paralizada desde el viernes. El lunes se sumaron al paro los transportistas de Pilsen y Norteña. Para replicar la ofensiva gremial, las cerveceras negaron que Salus les adeude un millón de dólares en compensación de las rebajas efectuadas por la compañía en los contratos de distribución porque esa merma había sido aceptada por el gremio en octubre de 2001. Pero el asesor legal de Fetrabe, Robert Batista Hernández, explicó a este diario que ese documento «sólo se firmó por 60 días, no obligaba a las partes y luego del plazo quedó sin ningún valor». El gremio también exhibe un pronunciamiento jurídico a su favor por parte de Jorge Gamarra (catedrático de Derecho Civil y Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de Montevideo).
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