Ibarra quiere pagar con bonos juicio de u$s 2.000 millones

Un fallo judicial enfrenta al Gobierno de la Ciudad con el Tesoro Nacional por 1.700 millones de dólares. Es el caso «Parques Interama» y más allá que aún resta saber si la Corte Suprema aceptará la apelación, en el gobierno porteño, existe la decisión de incluir el monto final que se dictamine en la larga lista de conciliación de deudas cruzadas entre ambos gobiernos.

En realidad el fallo que castiga a la Ciudad es por u$s 2.000 millones de los cuales 85% son acreencias del Estado nacional a través de créditos pagados por bancos públicos. El caso Parques Interama tuvo su origen en un polémico proyecto de construcción a efectuarse en Villa Lugano. Para la financiación se estableció que la ex Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. otorgaría avales para que la concesionaria pudiera obtener créditos en el exterior, a través de bancos oficiales.

En el año 1983, el entonces intendente Julio César Saguier derogó por decreto la concesión y comenzó a ser explotado por la propia Municipalidad, bajo el nombre de Parque de la Ciudad.

Parques Interama comenzó un juicio civil donde reclamó el lucro cesante por 31 años de concesión que aún faltaban en la explotación del parque, pero se presentó también en concurso preventivo de acreedores en el año 1988. Como principales acreedores están: el Banco Nación, el Banco Provincia de Bs. As., el Ciudad, el Banco Hipotecario, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y la Secretaría de Hacienda de la Nación, que fundamentaron su demanda en que los avales otorgados por la ex Municipalidad no habían sido cumplidos.

En el año 1991 el síndico, en nombre de la masa de acreedores de Interama agregó que la Municipalidad adeuda lo invertido por los privados. Las inversiones consistieron en juegos electromecánicos, construcciones, entre otras cosas, que la Ciudad dis-cute los valores presentados y especialmente discute la forma en que se indexaron los montos para el pago de la indemnización. El juicio tiene sentencia firme en la que se declara que todo lo incorporado al inmueble es «inmueble por accesión». La decisión judicial abrió a la masa de acreedores una acción tendiente a la recuperación de sus créditos, que se plasmó en un nuevo juicio, en el que la Municipalidad ha sido condenada, por sentencia de Primera y Segunda Instancia a la restitución de todo lo invertido en el inmueble.

Fuentes del gobierno porte-ño señalaron a Ambito Financiero que «la Corte seguramente tomará el caso». Criticaron la forma en la que se indexaron los valores indemnizatorios y dejaron en claro que todos los pagos se harán utilizando la norma que habilita el pago de las deudas con bonos al estilo de los BOCON a nivel nacional.