El impuesto a la compra de dólares, popularmente conocido como PAIS, llegó para quedarse. Así al menos sucederá durante el gobierno de Alberto Fernández. La conclusión parte de una medida, absolutamente justificada, que tomó el Gobierno; y cuyo costo fiscal estará financiado por lo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) obtenga por ese tributo. El razonamiento es simple. Según confirmó ayer la titular del PAMI, Luana Volnovich el presidente Alberto Fernández dispuso que los fondos para garantizar la vigencia del plan para la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados, provendrán de esta nueva caja.
Impuesto PAIS financiará medicamentos del PAMI
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Según afirmó ayer la funcionaria a radio La Red, la ley aprobada en diciembre que creó el Impuesto para una Argentina Solidaria e Inclusiva (PAÍS), dispone en su redacción que del dinero que se recaude, un 70% debe ser destinado a fondos sociales. Como no está especificado cuál es concretamente la repartición que dispondrá de ese gasto, es privativo del jefe de Estado determinar dónde se repartirá la partida.
Lo que confirmó entonces ayer Volnovich, es que parte del dinero que recauda el organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont garantizará este beneficio para jubilados. Como ya anunció además el Gobierno que este programa continuará durante toda la actual gestión como redistribución de los ingresos, las partidas provenientes del impuesto PAIS deberán seguir llegando en tiempo y forma para garantizar el programa. Dinero sobra. El tributo recaudó unos $3.581 millones entre su entrada en vigencia el 23 de diciembre último y enero, y se proyecta para febrero poco menos de 3.000 millones. Se estima que para todo el 2020, el impuesto PAIS debería aportar más de 30.000 millones, y se calcula que el costo del programa que comenzará en marzo no superará los 20.000 millones de pesos.
En síntesis, el financiamiento está garantizado. Y, en consecuencia, también la vigencia del tributo; que ya tiene partida asignada y, en consecuencia, vigencia imprescindible durante toda la gestión Alberto Fernández. Según la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva aprobada en diciembre; el gravamen se aplica a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera; al pago de bienes y servicios en el exterior; de servicios prestados por sujetos no residentes; de servicios en el exterior contratados por agentes de viajes y turismo; de servicios de transporte internacional de pasajeros; y de servicios digitales que se paguen en dólares.




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