18 de abril 2006 - 00:00

Impugnan en Justicia aumentos para peajes

A los pocos minutos de que los usuarios de Acceso Oeste y Autopistas del Sol comenzaran, a mediodía de ayer, a pagar los peajes con un aumento de 15%, el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, se presentó en la Justicia para impugnar la suba y requerir una medida cautelar para que no se aplique.

Las empresas concesionarias declinaron formular comentarios, lo que creó dudas en relación con el primer ajuste de tarifas que afecta a usuarios particulares dispuesto por Néstor Kirchner.

Según la opinión del funcionario, los aumentos no son válidos porque el Congreso no se expidió taxativamente, sino que los acuerdos entre el Ejecutivo y las concesionarias quedaron aprobados en forma tácita. Es lo que se denomina «sanción ficta», contemplada en una de las leyes que prorroga el plazo para la renegociación de los contratos prevista en la de Emergencia Pública. Según la norma, los acuerdos parciales o definitivos con las empresas privatizadas deben ser aprobados por el Parlamento antes de entrar en vigencia, pero quedarán firmes si las Cámaras no se expiden dentro de un plazo de 60 días.

Mondino afirmó que «la sanción tácita está expresamente prohibida en la Constitución nacional», y agregó que «ese solo hecho hace endeble toda la renegociación de contratos en los peajes y en cualquier otro caso».

Según el funcionario, que viene adelantando su posición desde la primera «sanción ficta» en julio del año pasado, recién en el momento en que una renegociación aprobada tácitamente por el Congreso tiene una derivación concreta, como es el caso del aumento, se puede hacer la presentación judicial. En caso contrario, sostuvo, la Justicia puede argumentar que se trata de una cuestión abstracta.

Fuentes oficiales insistieron con el criterio de que «la Constitución se refiere a que la sanción de las leyes no puede ser tácita y no a la aprobación de un acuerdo con una empresa de servicios públicos».

  • Calma relativa

    En otras privatizadas, no vinculadas a los peajes pero que ya tienen «sanción ficta» para las actas de acuerdo firmadas con la unidad de renegociación de contratos, la presentación del defensor del pueblo se tomó con relativa calma. «Hay una convicción de que en el momento político actual, si el gobierno quiere ir para adelante, lo va a hacer pase lo que pase», dijo el vocero de una compañía.

    «Es inimaginable que el gobierno vuelva atrás con todo, después de tanto tiempo de negociaciones que llegaron a incluir a funcionarios del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero», afirmó el portavoz de otra privatizada.

    «Creemos que el decreto poniendo en vigencia el acuerdo es inminente y que los aumentos se van a concretar en un plazo breve, y también pensamos que para el futuro la clave estará en los fideicomisos con los que se financiarán las obras nuevas», indicó el representante de una empresa energética.

    Con todo, el tema de los peajes a los accesos a Buenos Aires o las rutas nacionales suscitó tradicionalmente mayores críticas. No sólo se impugnó porque el Congreso no aprobó expresamente los aumentos. Según entidades de consumidores, «la suba dispuesta por el gobierno no contempla la mejoría que tuvieron las concesionarias por el incremento del tráfico».

    También se cuestionó que el acuerdo con el gobierno haya limitado los ajustes a automóviles y motos, postergando para octubre la adecuación en transporte de cargas y pasajeros. «En lo que está firmado no hay seguridad de que no se esté creando así una nueva deuda con las concesionarias que sea motivo en el futuro de nueva renegociación o excusa de otros incumplimientos», dijo el representante de otra ONG.
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