Impugnan en Justicia aumentos para peajes
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Fuentes oficiales insistieron con el criterio de que «la Constitución se refiere a que la sanción de las leyes no puede ser tácita y no a la aprobación de un acuerdo con una empresa de servicios públicos».
En otras privatizadas, no vinculadas a los peajes pero que ya tienen «sanción ficta» para las actas de acuerdo firmadas con la unidad de renegociación de contratos, la presentación del defensor del pueblo se tomó con relativa calma. «Hay una convicción de que en el momento político actual, si el gobierno quiere ir para adelante, lo va a hacer pase lo que pase», dijo el vocero de una compañía.
«Es inimaginable que el gobierno vuelva atrás con todo, después de tanto tiempo de negociaciones que llegaron a incluir a funcionarios del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero», afirmó el portavoz de otra privatizada.
«Creemos que el decreto poniendo en vigencia el acuerdo es inminente y que los aumentos se van a concretar en un plazo breve, y también pensamos que para el futuro la clave estará en los fideicomisos con los que se financiarán las obras nuevas», indicó el representante de una empresa energética.
Con todo, el tema de los peajes a los accesos a Buenos Aires o las rutas nacionales suscitó tradicionalmente mayores críticas. No sólo se impugnó porque el Congreso no aprobó expresamente los aumentos. Según entidades de consumidores, «la suba dispuesta por el gobierno no contempla la mejoría que tuvieron las concesionarias por el incremento del tráfico».
También se cuestionó que el acuerdo con el gobierno haya limitado los ajustes a automóviles y motos, postergando para octubre la adecuación en transporte de cargas y pasajeros. «En lo que está firmado no hay seguridad de que no se esté creando así una nueva deuda con las concesionarias que sea motivo en el futuro de nueva renegociación o excusa de otros incumplimientos», dijo el representante de otra ONG.
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