Industriales se endurecen por la crisis energética
Muy lejos de tener solución está la cuestión energética. Es que desde noviembre empezará a regir la polémica medida que obligará a grandes empresas a procurarse por sus propios medios la electricidad que consuman por encima de lo utilizado en 2005. Ya por diferentes emisarios les hicieron llegar a los ministros De Vido y Miceli la necesidad de modificar esa disposición. Caso contrario, será inevitable un alza de los precios por el mayor costo que deberán asumir. Concretamente, la sugerencia es que se traslade a todos los usuarios, es decir, a pymes y familias, el costo de la escasez de electricidad. Hasta el momento, la generación alcanza y no se espera que haya bruscos cambios de corto plazo. Pero el verdadero test será en una o dos semanas de diciembre, cuando se incremente el consumo. Surgieron en paralelo problemas en centrales que limitan la oferta. Conclusión: el panorama sigue complicado, al problema esencial se le suman las demoras, ya pensando en 2008, en la construcción de las dos nuevas centrales. Mientras se desarrollan estas tensiones, De Vido viajó otra vez a Bolivia para insistir en una interminable y hasta ahora desorientada negociación para asegurar el flujo de gas.
-
Plazo fijo por el piso: así operan los principales bancos hoy, miércoles 22 de abril
-
Descuentos en Carrefour hoy: qué promociones hay este miércoles 22 de abril
Guillermo Moreno
Atucha I aporta unos 340 megavatios pero genera energía de base porque todo el día está produciendo y no necesita tiempo para entrar en funcionamiento como una central térmica, o recuperar agua como una hidroeléctrica.
De todas formas, los percances son siempre una variable cuando se proyecta el suministro eléctrico. Más difícil parece manejar los humores de las empresas y su influencia sobre el gobierno.
Las grandes empresas preferirían repartir el costo de la crisis y que todos los usuarios tengan castigos muy elevados para que el consumo se desaliente. La otra alternativa que consistiría en los apagones programados sin distinciones, no son aceptables para el gobierno, y para los técnicos se trata de «cargar sobre un consumidor que vive en el piso 11 y no tiene alternativas, o sobre restoranes, almacenes y carnicerías que perderían la cadena de frío».
En estas circunstancias, lo único claro es que habrá una o dos semanas en verano y dos o tres en invierno que requieren que se haga algo. Pero todavía no se sabe qué.




Dejá tu comentario