Injustificado temor a la despesificación

La Justicia argentina está resolviendo las demandas de los depositantes como lo haría la Justicia de cualquier país en el que impera la ley. Esto es importante porque refirma que la ley argentina brinda la misma protección a los derechos de propiedad que la ley de los Estados Unidos o de cualquier otro país avanzado. Se impide, por ejemplo, que una decisión del gobierno, como el Decreto 214, que dispuso la pesificación de todos los contratos firmados en jurisdicción argentina, imponga una quita de mas de 50% a los acreedores argentinos mientras se mantienen intactos los derechos de los acreedores extranjeros.

Sorprende, por lo tanto, que Duhalde y algunos banqueros hayan reaccionado con tanta alarma ante las últimas decisiones judiciales. Los banqueros argumentan que si se despesifican los depósitos, ellos se verán obligados a demandar la redolarización de los préstamos bancarios. ¡Por supuesto que tendrán que hacerlo! Más aún, deberían haberlo hecho en forma simultánea a la iniciación de las demandas por los ahorristas, tal como lo hicieron los administradores de fondos de jubilaciones y pensiones. La gente confía en los bancos cuando éstos se preocupan por resguardar la intangibilidad de los depósitos, no cuando buscan una forma de liquidar sus negocios y pretenden devolver los depósitos en moneda desvalorizada. Cuando un banco asume esta última actitud, la conclusión de los depositantes es que la institución tiene la intención de terminar sus actividades en el país y lo único que busca es minimizar las pérdidas de su decisión original de prestar servicios de intermediación financiera en la Argentina.

• Razones

El temor del gobierno y de los banqueros es injustificado por varias razones. Primero, porque si se revierte la pesificación de manera integral comenzará a bajar la cotización del dólar, y ello facilitará la reactivación de la economía argentina, además de comenzar a resolver los muchos casos de insolvencia que se derivaron de la fuerte devaluación del peso.

Segundo, porque si el gobierno y los banqueros comienzan a trabajar en una solución más eficiente y general para el problema de los endeudados en dólares, sin discriminar en contra de los acreedores argentinos, tendrán mejores chances de recuperar la solvencia de sus clientes.

El primer argumento requiere entender que la cotización del dólar en una economía que estaba altamente dolarizada depende mucho más de las decisiones de la gente sobre la moneda en la que quiere tener sus activos financieros que del comportamiento de las exportaciones e importaciones. Si la gente vuelve a sentir que tiene sus ahorros bancarios en dólares y que puede disponer de ellos en esa moneda, aun cuando deba enfrentar por algún tiempo limitaciones para hacer pagos o transferencias al exterior, disminuirá la ansiedad por convertir los pesos excedentes y cualquier otro papel del gobierno emitido bajo ley argentina en dólares billete o en el exterior. Esto aflojará la presión sobre el mercado de dólares y provocará una baja sostenida en su cotización.

• Reactivación

Volver a un precio razonable para el dólar ayudará mucho a la reactivación de la economía, porque permitirá la recomposición del mercado interno y la reaparición del crédito bancario. La actual cotización del dólar está mucho más alejada de un valor de equilibrio de largo plazo compatible con el crecimiento de la economía argentina, que lo que estaba en las últimas épocas del 1 a 1. En otros términos, la caída del mercado interno que genera la exagerada devaluación del peso es mucho más recesiva que el desaliento a las exportaciones originado en la fortaleza exagerada de nuestra moneda mientras rigió la convertibilidad.

El segundo argumento es fácil de entender si se analizan los costos y las ineficiencias de las soluciones que el gobierno ha pretendido dar a los deudores. Y, sobre todo, si se advierte que el problema de la insolvencia generalizada de los deudores está muy lejos de haberse resuelto.

La pesificación, tal como fue hecha, significa un enorme costo fiscal, adicional a la quita que impone a los depositantes. El gobierno tiene que emitir un bono por la diferencia entre los tipos de cambio a los que transformó depósitos y préstamos bancarios. Además, está emitiendo bonos en dólares para ofrecer como alternativa a los depositantes que, aun cuando no los deja satisfechos, crean un compromiso fiscal importante para el presupuesto público. La solución es muy ineficiente, porque además de costosa es incompleta. Han quedado sin resolverse los problemas de insolvencia derivados de las deudas contraídas en jurisdicción extranjera que, lógicamente, no pudieron ser pesificadas. Peor aún, estos problemas se han agudizado por el excesivo aumento en la cotización del dólar provocado por la pesificación de los activos de la gente.

Las decisiones judiciales obligarán al gobierno a pensar en mejores soluciones al problema del endeudamiento. Y, si se pone a buscarlas, las va a encontrar porque las soluciones existen. Se trata de asignar mejor el costo fiscal ya devengado por la decisión de pesificar. Se deberá crear un sistema de subsidios explícitos a los deudores, sujetos a ciertos condicionamientos y a pagar en el momento en que el deudor cumpla con la parte que le corresponde de sus obligaciones, que no discrimine por la jurisdicción de los contratos. Es decir, que preserve el carácter protectivo de los derechos de propiedad de la ley argentina

Si no se respeta la decisión de la Justicia o, peor aún, si se presiona a la Corte Suprema para que cometa una gran injusticia en perjuicio de todos los ahorristas y trabajadores argentinos, se registrará en nuestra historia una nueva paradoja: la de los «nacionalistas» que «desnacionalizan». Los mismos nacionalistas que durante décadas de aislamiento llevaron a la hiperinflación y consiguieron desnacionalizar el dinero, ahora, mediante la pesificación, conseguirán desnacionalizar la legislación. Entonces, pasarán a tener razón los economistas del CEMA, que sostienen que la única solución para la Argentina es la banca offshore. En otros términos, que habrá que resignarse a contratar en la Argentina en moneda y ley extranjeras. El temor a la despesificación es injustificado.