Insisten con otro minicanje

El equipo económico está evaluando alternativas para avanzar en una futura operación de canje de deuda a través del lanzamiento de bonos con garantías de primer nivel, pero aún no hay nada concretado. Una de las posibilidades que más sonó en las últimas horas pasa por efectuar una serie de minioperaciones en vez de un nuevo megacanje.

«La operatoria no estará lista hasta dentro de tres o cuatro meses», aseguró ayer una alta fuente del Palacio de Hacienda. El Fondo Monetario Internacional ya comprometió u$s 3.000 millones para que sean utilizados como garantías de nuevas emisiones argentinas. La idea es que otros organismos multilaterales también realicen aportes.

• Calificación

El principal escollo que debe superar el gobierno en los análisis que está efectuando pasa por la baja calificación de riesgo que tiene el país. Las sucesivas reducciones que sufrieron los títulos argentinos complican el apalancamiento de la nueva estructura en estudio.

En 1998, con u$s 250 millones aportados por el Banco Mundial, la Argentina logró colocar un bono por u$s 1.250 millones. Esto significa que consiguió un crédito equivalente a cinco veces el monto de la garantía. Pero en aquel momento, el país tiene una nota que superaba en tres escalones la actual.

• Sin bancos

«No creo que hoy se pueda realizar esta operación con una palanca superior a tres veces», señaló un especialista en mercado de capitales de una entidad local.

Una alta fuente de Economía señaló ayer que los futuros canjes voluntarios de deuda podrían realizarse sin bancos intervinientes, con lo cual el gobierno no tendría que pagar comisiones. En el megacanje de u$s 30.000 millones cerrado en junio, las siete entidades que lideraron la operación (con el CS First Boston a la cabeza) se repartieron u$s 140 millones que se están pagando en tres cuotas.

«Se barajan varias alternativas de ingeniería financiera y una de ellas pasa por no pagar comisiones», señalaron desde Economía.

Si se prescinde de bancos para este tipo de operaciones, el gobierno debería convocar a una licitación. A través de este mecanismo, cada uno de los interesados debe realizar las respectivas ofertas y el precio al cual están dispuestos a comprar los nuevos títulos.