Intensa negociación anoche para destrabar huelga en Aerolíneas

Anoche seguían negociando el gobierno, la empresa y los sindicatos una salida al conflicto que ya sumió en el caos al transporte aéreo en el país. Sea que se levante o no la huelga en las próximas horas, las consecuencias para el sector turístico son tan devastadoras que costará mucho tiempo y dinero revertirlas. Es producto de un sindicalismo irresponsable, que representa menos de 20% del personal de Aerolíneas Argentinas, y curiosamente son quienes más ganan. Uno de los sindicalistas llegó a decir que no querían la reestatización sino «salvar a la empresa», cuando un día antes (en dudosa asamblea) se escucharon cánticos ofensivos y hasta racistas contra los actuales accionistas. Esta actitud, sumada a la inacción del Ministerio de Trabajo y la tardía reacción del resto del gobierno, dio para pensar que en realidad, al margen del aumento salarial, habría otra intención: que un grupo argentino se haga cargo.

Alberto Fernández

Anoche, APTA (técnicos) y APLA (pilotos), los dos gremios en guerra con Aerolíneas Argentinas, negociaban con el gobierno el fin de la huelga aérea que se prolonga desde hace ocho días, provocando serios perjuicios al país, a la actividad turística y a decenas de miles de pasajeros que se vieron impedidos de viajar durante este período.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien le exigió al ministro Carlos Tomada que sentara «como sea» a los sindicatos a la mesa de negociación. Es que los sindicatos habían desafiado de manera abierta a la autoridad del gobierno nacional, al no acatar la conciliación obligatoria y manifestar que no volverían a negociar hasta tanto no se reincorporaran los 373 despedidos. El miércoles la empresa había anunciado -como «prenda de paz»- que los despidos se revertirían en cuanto esos trabajadores regresaran a tomar servicio. Todo esto pintaba un escenario de claro fracaso en la gestión oficial, que Fernández intentó revertir.

Es que a pesar de haberse anunciado que se efectivizarían las multas a ambos gremios ($ 8,2 millones a APTA; $ 2,3 millones a APLA) Tomada, en una conferencia de prensa por la mañana en la propia Casa Rosada, había eludido toda referencia al conflicto. En sentido inverso, el titular de Interior, Aníbal Fernández, calificó la huelga de «salvaje», otra evidencia de la interna que desató en el gobierno esta situación.

Tampoco debe descartarse como razón para la premura oficial en tratar de darle un corte al conflicto las crecientes versiones de que tanto el gobierno como los sindicalistas estaban «trabajando» para que los accionistas de Aerolíneas poco menos que entregaran la empresa, en beneficio de algún grupo privado nacional interesado en quedarse con la principal aérea argentina.

Así se llegó a la reunión de ayer en el despacho de Fernández, de la que participó también el titular de la cartera laboral, junto con los secretarios generales de APTA Juan Pappalardo (en substitución de Ricardo Cirielli, en uso de licencia por ocupar la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial) y de APLA Jorge Pérez Tamayo.

• Llave

La presencia de algún modo sorpresiva fue la de Gerardo Díaz que, junto con Antonio Mata y Gonzalo Pascual, comparte la propiedad del grupo de control de Aerolíneas Argentinas. La llegada de Díaz desde Madrid ayer por la mañana funcionó como una especie de llave que abrió la puerta a la reanudación de las negociaciones, que prácticamente habían entrado en punto muerto desde que los gremios rechazaron la conciliación obligatoria dictada por Trabajo.

En sentido inverso, Mata se corrió del centro de la escena, porque su figura es la más irritativa para los sindicalistas, con quienes nunca ahorró duros epítetos. El empresario, por su parte, también habría elegido no verse las caras con Pappalardo, Pérez Tamayo y la plétora de asesores que los acompañó ayer a Casa de Gobierno.

Que los gremios se avinieran a reunirse con el gobierno y la empresa, aun antes de conseguir alguna de las reivindicaciones que planteaban como precondición para hacerlo ( básicamente las reincorporaciones), podría interpretarse como una muestra clara de que las cosas comenzaban a resquebrajarse en su frente interno. En el colmo del absurdo, Pérez Tamayo -luego de «negar» que se busque la reestatización de la empresa o el cambio de accionista- dijo que su gremio sólo busca «la salvación de Aerolíneas, ya que los balances no fueron aprobados y sólo le quedan los aviones y las rutas». Exactamente lo mismo que tienen todas las demás empresas aéreas del planeta, muchas de las cuales ni siquiera tienen aviones propios (los alquilan), dato que el gremialista conoce perfectamente, pero no así el público en general.

Ayer a media tarde, un nutrido grupo de pilotos (unos ochenta) concurrió a la sede de APLA en la calle Lezica para tratar de pedir explicaciones a Pérez Tamayo: en su totalidad, habían ya recibido los respectivos telegramas de despido y querían saber «cómo sigue esto». El secretario general se negó a bajar a la planta baja; en su reemplazo envió a su «álter ego» Daniel Biró, quien no logró calmar a sus afiliados.

Fuentes de la empresa aseguraban ayer que en la asamblea del día anterior en la Federación de Box había más militantes del Garrahan, ferroviarios y trabajadores de subterráneos que pilotos y técnicos, un dato difícil de comprobar.

De todos modos, está claro que Aerolíneas y su controlada Austral estaban mejorando la cantidad de vuelos y de pasajeros transportados día a día, al desertar de las filas de los huelguistas un número creciente de pilotos. Ayer, por caso, partieron 46 vuelos ( sobre un total habitual de 197), prueba evidente de que la medida de fuerza iba desgastándose.

En tanto, el fiscal federal Carlos Cearras le reclamó al juez Norberto Oyarbide la apertura de una causa penal para que se determine si el paro por tiempo indeterminado lanzado por APTA y APLA configura el delito de « entorpecimiento del transporte».