Intenta Senado aprobar una polémica ley contra evasión

El Senado intentará hoy sancionar los dos proyectos económicos importantes que el gobierno aún espera del Congreso este año, fuera del Presupuesto 2004. Si el nombramiento de Eugenio Zaffaroni no complica la sesión, se convertirá en ley la compensación a bancos por $ 2.700 millones por las diferencias entre la aplicación de CER y CVS. El Ejecutivo también contará con la reforma a la ley de procedimiento tributario que da más poder a la AFIP para efectuar controles y que la habilita a subir multas por incumplimientos. La ley establece fuertes sanciones al empleo en negro y la presunción de que los fondos ingresados a través de paraísos fiscales no se encuentran declarados. Esta medida, plausible, sería poco oportuna, ya que desalentará las inversiones en el momento en que se hacen más necesarias.

El Senado intentará hoy convertir en ley dos proyectos que completan la lista de temas económicos que quedaron pendientes de la negociación con el FMI: la compensación a bancos por diferencias entre CER y CVS y la reforma a la ley de procedimiento tributario, incluida dentro del paquete antievasión.

Antes de comenzar con el debate por la aprobación del pliego de Eugenio Zaffaroni como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, los senadores tiene previsto tratar sobre tablas los dos proyectos económicos pendientes más importantes en agenda, fuera del Presupuesto Nacional 2004. Pero el debate no estará exento de costos para el gobierno. En primer lugar la aprobación puede naufragar si al oficialismo se le complica a último momento el número de senadores para conseguir los dos tercios necesarios para el nombramiento de Zaffaroni, y luego debe reunir una cantidad de votos suficiente para contrarrestar la oposición del radicalismo y provinciales a algunos de los puntos que modifica la ley de procedimiento tributario.

Si supera esos escollos, será ley la norma que habilita al gobierno a compensar a las entidades financieras por la diferencia en la aplicación del CVS sobre actualización de préstamos hipotecarios, prendarios y personales y el CER sobre los depósitos a plazo fijo reprogramados, que totaliza una emisión de $ 2.700 millones en BODEN a 10 años.

Dentro de ese proyecto se establece también la eliminación del coeficiente de variación salarial a partir del 1 de abril de 2004 como índice de actualización para préstamos.

Pero no se incluyó otro tipo de compensación como las diferencias por pesificación o los depósitos devueltos por los bancos en dólares mediante amparos dictados por la Justicia. La reforma a la ley de procedimiento tributario es aún más complejo. Allí se establece que:

• Si el contribuyente no tiene declarado en sus presentaciones tributarias anuales o mensuales el dinero que provenga de algún paraíso fiscal, la AFIP determinará que significa automáticamente un incremento en el patrimonio y deberá tributar Ganancias y Bienes Personales.

• Cuando se detecte la existencia de evasión previsional por trabajo en negro, se tomará la suma de la masa salarial como un incremento de las ventas y las ganancias. Además se incluye el permiso para los inspectores de la AFIP de clausurar comercios cuando se detecte un alto nivel de evasión previsional.

• En el caso de responsabilidad solidaria para las personas que adquieran facturas apócrifas, se especifica en qué casos los contribuyentes que las adquieran serán tan responsables como los que las emitan.

• Se aplicará una sobretasa de 10% para diferentes casos de evasión sobre el Impuesto a las Ganancias: cuando se encuentren depósitos bancarios no declarados, cuando no se justifique dinero proveniente de paraísos fiscales y cuando haya diferencias entre la producción declarada por un contribuyente y la información obtenida por el relevamiento vía imagen satelital, para el caso de la producción agropecuaria.

• Se generaliza el aumento de las multas que aplicará la AFIP. En el caso que las operaciones de comercio exterior, cuando haya retrasos en la presentación de la incidencia de éstas en Ganancias las multas serán de $ 3.000 para las personas y hasta $ 10.000 cuando se trate de sociedades.

• Habrá multas que van de los $ 2.500 a los $ 45.000 cuando haya incongruencias en los domicilios fiscales, resistencia a las fiscalizaciones o cuando no existan los documentos de las operaciones internacionales.