El gobierno intimará al Correo Argentino para que en un plazo de 4 a 6 meses pague los cánones atrasados al Estado que suman hasta ahora 201,96 millones de pesos más intereses, a lo que debe agregarse la cuota por 51,6 millones que la empresa concesionaria debe afrontar en dos semanas.
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Así lo dijo ayer el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, ante la Comisión Bicameral del Parlamento, según indicaron legisladores presentes en el encuentro. El ministro también aseguró que «se buscará una vía de solución concertada» con el Correo y, en caso de no lograrse un acuerdo, se va a llegar a la rescisión del contrato de mutuo acuerdo o unilateralmente .
En principio, el Ejecutivo estudia un proyecto de decreto que se denomina de «conciliación de deudas» con el Correo. A partir de esa norma, el Estado nacional, en la medida que el fisco cuente con fondos, pagaría una deuda con la empresa de 34 millones de pesos que data de 1999 y lo acumulado por prestaciones impagas en los últimos dos meses, pero no se haría cargo del resto de los 97 millones que reclama el Correo por facturas no pagadas por las provincias y los municipios.
El decreto también dispararía la intimación al pago de los cánones atrasados. Paralelamente, según dijo Bastos en la Bicameral, para aliviar la situación del Correo se aprobaría en forma inminente el nuevo marco regulatorio para la actividad postal, que tiende a que todos los prestadores cumplan con sus obligaciones impositivas y previsionales, y a eliminar la proliferación de empresarios «en negro» en esta actividad.
Asimismo, el ministro anunció que se pedirá a los grandes contratistas de servicios postales «una responsabilidad solidaria» para controlar a los prestadores postales.
El Correo, cuyo accionista mayoritario es el grupo Macri, atribuye el no pago del canon a «incumplimientos del contrato por parte del Estado». Entre ellos incluye 296 millones por asimetrías laborales con los demás prestadores, 100 millones por no haberse respetado la exclusividad de emitir estampillas, 300 millones por no haberse cumplido la exclusividad en el segmento de las comunicaciones fehacientes, y hasta una suma por lucro cesante debido a la presencia en el mercado postal de prestadores que no están registrados y no pagan impuestos.
Sobre esos reclamos, una comisión integrada por los ministerios de Infraestructura y Economía, y por la propia empresa que trabajó entre abril y agosto del año pasado, ya dictaminó que no corresponde compensación por asimetrías laborales porque en el contrato de concesión no hay ninguna obligación por parte del Estado con respecto a los convenios de trabajo en el Correo Argentino. La comisión también afirmó que el contrato no otorga la exclusividad de las comunicaciones fehacientes, y de hecho el nuevo marco regulatorio que está por dictarse tampoco reconoce ese derecho.
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