Jueces: insisten en que paguen impuestos

El gobierno intentará durante el primer bimestre de 2004 avanzar en la posibilidad de aplicar el tributo a las Ganancias para los jueces y empleados del Poder Judicial a partir de una ley que elimine definitivamente el beneficio.

Sin embargo, desde ese sector ya está preparada la argumentación para contrarrestar la ofensiva, en la que fracasaron Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Según el argumento más sólido (en realidad, casi insuperable para el Poder Ejecutivo), sólo una reforma de la Constitución nacional avalaría la extensión de este impuesto a los jueces.

Si esta explicación no alcanza, hay una segunda con menos contenido jurídico pero económicamente más peligrosa: en el Ministerio de Justicia se maneja la información sobre aproximadamente 300 casos presentados por personal del Poder Judicial (incluyendo varios jueces) que reclaman aumentos salariales por haberse considerado afectados por la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo.

• Instrucciones

La primera vez que Néstor Kirchner avanzó en este tema, fue cuando avaló la nominación de Eugenio Zaffaroni para la Corte Suprema a días de haber sido designado presidente de la Nación. En esas circunstancias, Kirchner habló sobre la «imposibilidad de mantener este beneficio, el único que queda en Ganancias». Dio luego instrucciones para estudiar en el Congreso este capítulo y avaló a Roberto Lavagna para que incluya este tema como uno de los compromisos para el acuerdo firmado en setiembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego no hubo mayores avances, pero por algún motivo el tema volvió a su mente en los últimos 10 días.

• Promesa

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, derivó la cuestión al Congreso, insistiendo en que el proyecto tiene que hacerse realidad durante el primer trimestre del año. El jefe del bloque justicialista de Diputados, José María Díaz Bancalari, prometió encargarse del proyecto y ponerlo en el primer lugar de preferencias para su tratamiento.

A Gustavo Béliz le llegó, además, el encargo de sondear la opinión que tendrá la Justicia en caso de que el proyecto se haga ley. Se descartaba que la impresión sería negativa. Lo que aparentemente no se tuvo en cuenta es que tan lejos están dispuestos a llevar el conflicto desde el Poder Judicial. Salvo Zaffaroni, el resto de los actuales miembros de la Corte Suprema opina que sólo una modificación de la Constitución nacional, que habla de la intangibilidad del salario de los jueces, tendría la fuerza legal para que los jueces no puedan oponerse a la quita del beneficio. La posición surge de la interpretación que siempre dio ese máximo tribunal sobre el artículo 110 de la sección tercera de la Constitución nacional, donde se menciona que «los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores (...) recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones». Esto derivaría en que el salario de los jueces no podría estar afectado por quitas de ninguna naturaleza, lo que sucedería si se aplicara el Impuesto a las Ganancias. Este artículo determinaría que la intangibilidad de los salarios de la Justicia sería inalterable, salvo por una norma de igual categoría que la Constitución, lo que sería, únicamente, una modificación de la Carta Magna. Para esto habría que llamar a Convención Nacional Constituyente, elegir a los representantes para esta misión y modificar el artículo, todo con un mecanismo y costos similares a los de la reforma del '84, lo que a priori parecería demasiado. De cualquier otra manera, aseguran dentro de la Corte, la aplicación del impuesto sería directamente señalada como inconstitucional y no tendría vigencia.

Más allá de este argumento jurídico, el más peligroso que tienen en carpeta algunos juzgados es la evolución de los 300 casos de jueces y empleados varios de ese poder que reclaman por los efectos de la devaluación en sus salarios.

• Peligro

Según esta interpretación, que lógicamente tiene menos solidez que la constitucional, la inflación de 40% de 2002 provocó que el poder adquisitivo de los jueces haya caído lo suficiente como para reclamarle al Ejecutivo por la estabilidad e intangibilidad avalada en el artículo 110 de la Constitución. Desde el gobierno nacional no se considera una posición seria. Sin embargo, existe el peligro de que algún juez desempolve alguno de estos casos como mecanismo de presión si desde el Ejecutivo se insiste en que los jueces paguen Ganancias. Por lo menos ése es el dato que maneja Béliz.

Actualmente, los jueces son el único sector que se mantiene exento del Impuesto a las Ganancias, beneficio que hasta hace poco sólo compartían con los legisladores y el presidente. Por ley del '98, los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo pasaron a tributar el impuesto. Sin embargo, a través de una solicitada de la Corte ya en ese momento se prohibió incluir a los jueces en esta obligación. En realidad, el mantenimiento de la exención tiene otras explicaciones. En momentos de crisis como los actuales, es la única manera de mantener el salario de la Justicia en un nivel aceptable. De aplicársele el impuesto, éste caería en hasta 35%, según el nivel del magistrado.

C.B.