Santiago de Chile (ANSA) - La policía civil chilena detuvo en las últimas horas del miércoles a tres altos directivos de la aerolínea peruana Aerocontinente en el marco de la Operación Icaro detonada por la acusación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de asociación ilícita y lavado de dinero procedente del narcotráfico. Aerocontinente es una de las empresas que hizo una oferta por Aerolíneas Argentinas, ofreciendo hacerse cargo del pasivo, con excepción de combustibles y aeropuertos, y pagar además a la SEPI 100 millones de dólares. Sin embargo, esta propuesta estaba cuestionada por autoridades de España y de la Argentina precisamente por las acusaciones de presunta vinculación de la empresa peruana con el lavado de dinero.
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Por orden del titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, se incautaron además seis aviones Boeing de la empresa que empezó a operar en Chile en mayo del año pasado. Cerca de 200 pasajeros, de los cuales 100 eran procedentes de Buenos Aires, quedaron sin poder embarcarse en el vuelo que cumpliría el itinerario Santiago-Lima-Miami.
El juez dispuso también el congelamiento de las cuentas bancarias que suman en Chile 37 millones de dólares, y el cierre de 15 sucursales a lo largo de todo el país donde trabajan alrededor de 300 personas.
La acción judicial del CDE está dirigida en contra de 10 personas, entre ellas el fundador de la compañía Fernando Zevallos, su hermano Ricardo y sus hermanas Lupe y Maribel. Fueron detenidos Jorge Portilla, casado con Lupe Zeballos, y el abogado Jorge Schomburk, ambos chilenos, cuando regresaban desde Lima. El tercer aprehendido es Máximo Zadi Desme, peruano, quien se encontraba en Santiago.
AeroContinente Chile es una filial de la empresa del mismo nombre creada en Perú por Fernando Zeballos, residente en Miami, y sobre quien pesa una sentencia de los tribunales peruanos a 15 años de prisión suspendida. En Chile, AeroContinente cayó bajo sospechas a raíz de su política de tarifas por debajo de los costos que llevó a que fuera acusada por la Fiscalía Nacional Económica, aunque la Comisión Resolutiva Antimonopolios decidió en enero de este año levantar las medidas precautorias.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de la empresa aérea, Lupe Zevallos, pidió al gobierno de Perú que defienda los intereses de su empresa, y dijo que la medida dictada por la Justicia chilena es «arbitraria e ilegal».
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