AFIP habría perjudicado al resto de los acreedores de Oil Combustibles

Economía

Así lo reveló Sebastián Maggio, quien representó a la empresa durante el proceso que derivó en la quiebra. El testigo reiteró -en la audiencia virtual del juicio oral- que AFIP fue "acreedora hostil", pero en este caso, por las sucesivas nulidades que presentó durante el trámite, lo que generó daños por el tiempo que insumían y que se frustrara una venta de la empresa a una firma internacional en más de u$s300 millones.

Para uno de los testigos, la AFIP actuó en perjuicio del resto de los acreedores durante el concurso de acreedores de la petrolera Oil Combustibles. Sebastián Maggio representó a la empresa durante el proceso que derivó en la quiebra, y reiteró -en la audiencia virtual del juicio oral- que fue “acreedora hostil”, pero en este caso, por las sucesivas nulidades que presentó durante el trámite, lo que generó daños por el tiempo que insumían y que se frustrara una venta de la empresa a una firma internacional en más de u$s300 millones. Su liquidación final, tras la quiebra, solo generó u$s80 millones. “No era una estrategia del grupo financiarse con el ITC”, respondió el exCEO del Grupo Indalo, Mariano Elizondo, a una de las preguntas de la fiscalía, en un testimonio previo. Ayer, los acusadores buscaron plantear que había relación entre un eventual apalancamiento de la empresa en la deuda tributaria y las asistencias financieras a otras empresas relacionadas.

Elizondo, propuesto por la defensa de Fabián De Sousa, respondió en torno al concepto de “caja única”, uno de los criterios que interesan a las querellas respecto de cómo era el esquema de gestión de Oil que permitía realizar préstamos entre empresas del holding. Este modelo “es aplicado no sólo por Oil, sino que es conocido en el mercado, y utilizado por la mayoría de los grupos económicos”, respondió respecto a los sobrantes y faltantes de caja de distintas empresas que cuando eran transferidos quedaban plasmados en un “mutuo”, que establecía condiciones de devolución y tasas de interés que devengaban.

Le preguntaron si había deuda vencida o exigible: “No había a marzo de 2016, ya que en febrero se accedió a un plan de pagos, determinado por la administración de (Alberto) Abad, en el cual se incorporó el saldo de deuda exigible”, sostuvo Elizondo. Pero relató que en esos meses y a raíz de una publicación en La Nación y a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri donde se amenazó con embargar cuentas “se generó un antes y un después en la compañía” y que ese contexto “generó pánico en la estructura del grupo”.

Maggio apuntó a otro tipo de presiones. Las ligadas a la AFIP donde solicitó una medida cautelar en el fuero contencioso administrativo federal que finalmente fue revocada por la Cámara, y también en todo lo que fue la obstrucción para la apertura del concurso, lo que demoró más de un año el proceso. “El único acreedor que presentó una inhibitoria fue AFIP y fue el único que pidió nulidad de la apertura. Los demás no han hecho cuestionamientos. Se tramitó regularmente. De hecho, cuando pasó a Buenos Aires, ningún incidente fue anulado y el 99% de los acreedores habían verificado sus créditos en la jurisdicción de Chubut. La pretensión de declarar la nulidad por una supuesta falsa cesación de pagos terminó perjudicando a los acreedores”, concluyó el testigo ante el presidente del Tribunal Oral Federal N° 3, Fernando Machado Pelloni, en Comodoro Py. El resto, asistía a través de sus ventanitas de Zoom.

A Elizondo le exhibieron correos electrónicos internos de Oil, lo que motivó cruces entre Carlos Beraldi y el fiscal Diego Velasco, respecto al contenido de proyecciones internas que se enviaban entre directivos en 2015 que daban cuenta de futuras necesidades de dinero de otras divisiones del holding y de cuánto debía abonarse por planes de pago y por las posiciones de ITC. Explicó que los fondos en una compañía son administrados como ingresos, y a partir de allí “se hacen los pagos de los diferentes conceptos que hacen a los costos de una empresa”.

Entonces, aseguró que no es correcto el concepto de “se quita el dinero del impuesto”, ya que las empresas tienen alternativas para cancelar obligaciones. Ejemplificó que para impuestos, los saldos siempre se pudieron pagar en planes de pago en cuotas y para el de los proveedores, la empresa puede extender plazos de pago a 30, 60 o 90 días. De este modo, respondió Elizondo en uno de los cruces con la fiscalía respecto de la hipótesis de la acusación sobre apalancamiento tributario.

Sobre la deuda total ingresada en planes de pago, el exCEO del Grupo respondió que “era un monto significativo”, pero “la facturación de la compañía era muy grande también, y estaban en condiciones de poder administrar y pagar la misma”. “Los préstamos inter-compañías estaban registrados” en los documentos legales de la petrolera, y “expuestos en los estados contables”, aseguró Maggio, que agregó además un dato revelador: hubo negociaciones con la AFIP -posteriores a 2016- para “crear un fideicomiso de garantía con el cual se pudiera acordar un pago de la deuda con el fisco”. Pero el plan para que la empresa siguiera en marcha y la AFIP cobrara naufragó por expresa intervención de la gestión Cambiemos.

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