La AFIP quedó el martes en un virtual estado de guerra con la Auditoría General de la Nación (AGN), después que Alberto Abad demostró ante los diputados y senadores de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que un informe de la auditoría producido en 2002 y dado a conocer recién en marzo pasado no reflejaba la realidad de las reformas introducidas en algunas áreas de la Aduana durante ese tiempo. Los legisladores analizaban ayer devolver el informe a la AGN, lo que en lenguaje parlamentario significa rechazar el dictamen del organismo.
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El informe de la AGN fue realizado sobre la base de un trabajo de campo relevado en 2002 sobre un depósito de la Aduana conocido como «Cepita», por ubicarse en la calle del barrio de La Boca del mismo nombre. En ese momento, se habían detectado deficiencias de seguridad y salubridad que operaban casi como un incentivo a las defraudaciones dentro del organismo.
Pero desde ese entonces, la Aduana mudó sus dependencias de ese depósito e inclusive tercerizó la logística de operaciones. Hoy ese predio ni siquiera pertenece ya a la DGI y sólo resta retirar de allí algunos lotes de autos decomisados por contrabando.
Los diputados y senadores, comandados en esa comisión por el santafesino Oscar Lamberto, recibieron ayer un informe de Abad y Ricardo Echegaray, jefe de la Aduana, con demostraciones en video y fotografía de las reformas que ya se habían introducido. El problema, según los diputados, es que el informe de 2002 fue terminado en el primer trimestre de 2003 y subido recién al sitio de la AGN en marzo de 2005, y en ese mismo momento notificado a la prensa, todo sin que la AFIP hubiera presentado su descargo, por lo que la comisión comenzó a analizar si no existía detrás una maniobra política contra el organismo recaudador.
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