Si bien la reglamentación del decreto que desregula las obras sociales avanzó bastante en las últimas horas, hay un aspecto central del proceso que permanece incierto: se trata de la situación en que estarán quienes accedan al primer empleo. El dilema consiste en determinar si deben radicarse por un tiempo en la obra social de su actividad o si, en cambio, podrán derivar su aporte a la entidad que prefieran.
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Si esta cuestión es importante, no es sólo por cómo incide sobre el negocio de la salud. También por su significado político. Respecto de lo primero, los sindicalistas pretenden que quienes debutan con un contrato de trabajo tengan que afiliarse en la obra social de su gremio. Es un sector que todo el sistema de salud codicia: se trata de jóvenes que vienen casi siempre de hacerse un chequeo preocupacional (es decir, sanos) y que, por lo tanto, realizan su aporte, pero provocan gastos mínimos. Conquistar esa franja de público, aun en tiempos de desempleo, se vuelve un objetivo de todos los competidores.
Los gremialistas pretenden que les garanticen ese tipo de afiliados por un año mediante la reglamentación del decreto. En rigor, hablar de un año es hipotético: esos jóvenes que utilizan poco los servicios de salud se quedarían en la primera entidad a la que accedieron durante un tiempo presumiblemente largo, sin demasiados motivos para cambiar de prestadora.
Hasta aquí, ya hay suficientes motivos para que a los sindicalistas les interese una reglamentación favorable en este punto. Pero hay una razón más importante aún, de índole política. Actualmente, la vinculación más fuerte que un empleado posee con el sindicato de su actividad tiene que ver con los servicios de la obra social.
Cortar el vínculo entre los jóvenes que acceden a su primer empleo y la obra social puede implicar, por inercia, cortarlo también con el sindicato. ¿Qué motivaciones podría tener un joven para afiliarse a su gremio si no le ha confiado la cobertura de su salud?
