La despesificación traba el presupuesto

«Si la Corte dolariza los depósitos este presupuesto no sirve para nada.» La frase, lanzada ayer por el peronista Oscar Lamberto, resume otro de los inconvenientes que enfrenta por estos días el Presupuesto Nacional 2003. Son tantas las variables que el gobierno no puede definir todavía que el proyecto en análisis en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados puede convertirse en una bolsa de humo y quedar desactualizado antes de votarse.

Todos los legisladores recuerdan las palabras de Roberto Lavagna durante un encuentro íntimo la semana pasada cuando se refirió a otro problema en torno al proyecto. «Este presupuesto está hecho en base a un acuerdo con el Fondo. Si no hay acuerdo, este presupuesto no sirve para nada». Así son demasiados ya los temas fuera del Congreso que pueden hacer naufragar el tratamiento presupuestario.

• Dictamen

El cronograma oficial indica que la Cámara de Diputados intentará la semana próxima emitir el dictamen del proyecto de Presupuesto Nacional para 2003 y el 18 de diciembre el tema se trataría en el recinto. Pero mientras el tiempo pasa todos en el Congreso esperan definiciones. «Es imposible hablar de un programa monetario como el que explicó Aldo Pignanelli si tenemos que pensar en alguna salida para devolver los depósitos en dólares. Habría una distorsión tal que es imposible hacer un presupuesto», decía ayer Lamberto.

Lo cierto es que fuera por un necesario aumento de la emisión para financiar la devolución de los depósitos -lo que modificaría la regla monetariao por el lanzamiento de un hipotético plan de bonos -obligaría al Congreso a autorizar el mayor endeudamiento-, cualquier salida tiene que pasar por el Presupuesto Nacional. «Y no sólo es la emisión. Se hizo una pauta monetaria con un tipo de cambio, medianamente racional y en base a eso hay un cálculo de gastos. Pero si la Corte toma esa decisión cambia todo», explicaba ayer Lamberto.

Algo similar ocurre con la negociación de un acuerdo con el FMI. Hasta ahora la posibilidad de un acuerdo está incluida en el Presupuesto 2003. Y eso incide en los fondos para financiamiento de programas sociales y esencialmente en el volumen de los servicios de la deuda. Otro punto que puede cambiar si el gobierno no define la cuestión.

Dentro de las peleas de último momento, un clásico de los debates presupuestarios, apareció ahora la voracidad por encontrarle un destino preciso a la reserva de $ 3.500 millones que el gobierno había incluido originalmente para darle aire al nuevo presidente y algún margen de maniobra con el gasto en 2003.

El FMI ya dejó en claro que esos fondos deben descontarse del déficit programado para el año próximo y que, por lo tanto, no pueden estar disponibles. En el Congreso, por el contrario, no quieren utilizarlos como recorte sino ponerles nombre y apellidos y destinarlos a distintos gastos. Detrás de esa idea están muchos gobernadores que quieren reasignarlos a fondos provinciales, que fueron recortados en los últimos años.

• Planes sociales

De todas formas ayer continuó el debate por el Presupuesto Nacional 2003 en la comisión de Presupuesto con la visita de Graciela Camaño. La ministra concurrió a defender las partidas por $ 3.600 millones destinadas al Plan Jefas y Jefes de Hogar, aunque el encuentro terminó convirtiéndose en una suerte de clase especial sobre el funcionamiento de ese plan gracias a la cantidad de preguntas y planteos de los diputados.

La defensa de Camaño al plan social en realidad había tenido una definición más temprano en la reunión de gabinete nacional. Eduardo Duhalde, los ministros y diputados presentes, Humberto Roggero, Eduardo Camaño y Juan Carlos Maqueda, acordaron no aceptar rebajas en planes sociales dentro del tratamiento del presupuesto.

Camaño explicó que el gobierno contempló en el presupuesto una partida especial de $ 3.765 millones para solventar el Plan Jefas y Jefes de Hogar, con la pretensión de llegar a asistir en 2003 a 2.220.000 personas. La ministra explicó que el plan hoy llega a 2.093.799 beneficiarios, que representan 5,9 por ciento de la población. Además se quiere reducir el costo administrativo a 0,33% desde 0,5% actual. Pero la negociación con el FMI también estuvo en la discusión. Cuando desde la oposición le preguntaron por la garantía del financiamiento del plan, Camaño explicó que esa era prioridad del gobierno, aludió a un aporte de u$s 200 millones del Banco Mundial pero aclaró: «Si no hay acuerdo, los fondos saldrán de la recaudación».