La Ley de Emergencia no frena los juicios de bonistas alemanes

Jorge Capitanich

El Senado fue protagonista de un cruce entre legisladores en la sesión del miércoles pasado que dejó en claro que, al menos en Alemania, los juicios contra el país de bonistas que no ingresaron al canje se han reactivado. Fue durante la votación de la prórroga de la Ley de Emergencia Pública, donde el oficialismo utilizó como justificativo a esa norma la necesidad de continuar frenando las causas contra el país en el exterior por la deuda aún impaga. Lo curioso es que los propios senadores kirchneristas no estaban al tanto de que, al menos en algunos casos, esa ley ya no surtía el efecto que buscaban.

El chaqueño Jorge Capitanich comenzó explicando «por qué la República Argentina necesita de una ley de emergencia... En el Tribunal Constitucional y en los tribunales alemanes existen cuarenta y un causas que están suspendidas por parte de los jueces alemanes, en virtud del estado de necesidad», dijo en la sesión.

Lo cruzó inmediatamente la puntana Liliana Negre de Alonso: «Le quería comentar al senador que, en realidad, ya no están suspendidas las causas en los tribunales alemanes, porque una de las noticias de las revistas especializadas ha sido que, casualmente, han dictado el cese de la suspensión por la situación de superávit que tiene la Argentina».

Capitanich no podía dejar que le esfumaran el principal argumento para prorrogar la emergencia: «La información que acabo de brindar es suministrada por la Subsecretaría de Financiamiento del gobierno nacional. En segundo término, tengo la descripción de cada una de las causas y, por supuesto, también la información de los abogados que son los litigantes por la parte argentina. No cuento con otra información desde el punto de vista de la suspensión».

Permanencia

Siguió luego Capitanich relatando cómo las bondades actuales de la economía no eran obstáculo para considerar que algunos sectores permanecían en emergencia y, por lo tanto, el proyecto debía votarse.

Negre de Alonso tomó luego la palabra para explicar su punto de vista legal sobre la emergencia, hasta que sus asesores encontraron finalmente el antecedente que buscaban y se lo acercaron a la banca, cuando aún continuaba hablando. Mencionó entonces que la información sobre el levantamiento de los frenos a juicios contra la Argentina era un dato público y conocido al punto que estaba doctrinariamente comentado en la revista «La Ley».

«El artículo dice que el Tribunal Superior de Francfort, ante el cual se dedujeron algunas de las demandas por el pago de bonos en default, estimó que en 2003, efectivamente, se daban los presupuestos de hecho del estado de necesidad y, consecuentemente, sostuvo que la pregunta por la existencia de tal principio de derecho internacional era pertinente para la resolución del caso», dijo. En otras palabras: que se podían aplicar normas excepcionales a situaciones particulares debido a la situación del país y la vía para ello era apelar al Derecho Internacional. «Es una sentencia dictada en el Tribunal Superior de Francfort el 24 de junio de 2003», explicó.

Pero el 16 de febrero de 2006, el mismo Tribunal levantó la suspensión de los procesos en contra de la Argentina por parte de bonistas por considerar que la emergencia ya no existe. «En consecuencia, la República Argentina debería, de aquí en adelante, cumplir con las obligaciones emanadas de los antiguos bonos», según el criterio de los jueces.

Capitanich no pudo agregar mucho más. Quedó claro que o el Ministerio de Economía no contaba con esa información o se la habían negado al senador para no entorpecer la argumentación a favor de la Emergencia Pública. «La información que se me ha suministrado oficialmente por parte del Ministerio de Economía son 41 causas por un total de 7.500 millones de euros, que estaban suspendidas».