La presión impositiva sobre el agro sube al 62,5% y golpea la rentabilidad en medio de mayores costos

El aumento de insumos clave como la urea y el combustible, junto con la actualización de impuestos, elevó el peso del Estado sobre la renta agrícola. El trigo, el cultivo más afectado.

Los impuestos siguen presionando al sector.

La presión impositiva sobre la renta agrícola volvió a escalar en la Argentina y alcanzó el 62,5% en marzo de 2026. El dato implica un aumento de 6,1 puntos porcentuales respecto de diciembre y refleja un deterioro en la ecuación económica del sector.

El incremento responde a una combinación de factores: suba de costos productivos, actualización de tributos provinciales y municipales, y un contexto internacional más adverso. En términos concretos, el indicador muestra que de cada $100 generados por una hectárea, $62,5 se destinan al pago de impuestos. Los datos pertenecen al último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Uno de los elementos que explica este salto es el impacto del conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de energía y fertilizantes. Este escenario impulsó con fuerza el precio de insumos esenciales para el agro.

Según datos de la Sociedad Rural Argentina, el precio de la urea —fertilizante clave— aumentó alrededor de 42%, al pasar de u$s530 a u$s750 por tonelada. En paralelo, el gasoil subió un 22% en pocas semanas, encareciendo los costos logísticos y de producción.

Desde FADA explican que esta dinámica genera un efecto doble: por un lado, los costos en alza reducen la renta; por otro, los impuestos —aunque no cambien estructuralmente— pasan a representar una mayor proporción sobre ingresos más bajos.

Aumento de impuestos provinciales al agro

A esto se suma la actualización de tributos a comienzos de año. Los impuestos provinciales y municipales incrementaron su peso relativo, pasando de representar el 6,4% del total a fines de 2025 a cerca del 10% en el inicio de 2026. En ese marco, el impuesto inmobiliario rural registró subas promedio del 79%, mientras que las tasas municipales aumentaron alrededor del 32%.

El análisis por cultivo muestra un deterioro generalizado, aunque con diferencias marcadas. En soja, la participación del Estado alcanza el 61,6%; en maíz, el 56,8%; y en girasol, el 80,3%. Sin embargo, el caso más crítico es el del trigo, donde la carga impositiva asciende al 104,4%.

Aumentaron los impuestos para todos los cultivos

Esto implica que, en ese cultivo, los impuestos superan la renta generada, dejando márgenes negativos para los productores. La situación se agrava por su alta dependencia de fertilizantes, cuyos precios se dispararon en los últimos meses.

A este escenario se suma el aumento de otros costos clave. Las labores agrícolas crecieron un 33% desde diciembre, muy por encima de la inflación estimada, mientras que los fletes también se encarecieron, impulsados por el alza del combustible. Este impacto es mayor en regiones alejadas de los puertos, donde la logística tiene mayor peso en la estructura de costos.

En paralelo, se deterioró la relación insumo-producto: actualmente se requieren cerca de 3,9 toneladas de maíz o 3,8 de trigo para adquirir una tonelada de urea, lo que refleja una pérdida de poder de compra del productor.

Con este panorama, el sector enfrenta un escenario de márgenes cada vez más ajustados, en el que el aumento de costos y la mayor presión impositiva vuelven a tensionar la rentabilidad de la actividad agrícola.