La Comisión Europea (CE) suspendió la reunión del comité conjunto UE-Argentina que iba a celebrarse los próximos días 19 y 20 de abril en Buenos Aires, en respuesta a la expropiación del 51 % de YPF por parte del Gobierno argentino, la cual considera "ilegal" si no conlleva una compensación adecuada.
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"Debido al clima que se ha creado por esta situación, la Comisión Europea y la alta representante (de la política exterior, Catherine Ashton) han decidido posponer la reunión del comité conjunto UE-Argentina que estaba previsto para los días 19 y 20 de abril" en Buenos Aires, señaló Pia Ahrenkilde, vocera del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria.
"Entendemos que la expropiación que se planea en este caso es ilegal si tiene lugar sin una compensación justa, adecuada y pronta", agregó la portavoz.
La CE estudia el proyecto de ley que Cristina de Kirchner, envió ayer al Congreso para expropiar YPF para "determinar en estrecha consulta y en contacto con las autoridades españolas el próximo paso a dar y analizar todas las posibles opciones que están a disposición" de Madrid y de la UE, explicó la vocera.
El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, enviará además una carta a su homólogo argentino para expresarle la "seria preocupación" de la Comisión por el anuncio, indicó Ahrenkilde.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, que ha seguido de cerca el asunto y que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se mostró poco antes "muy decepcionado" con la decisión argentina.
Asimismo ha instado al Gobierno argentino a respetar sus compromisos y obligaciones internacionales, especialmente aquellos que resultan del acuerdo bilateral sobre la protección de inversiones con España.
Barroso ha pedido a los servicios de la Comisión Europea que sigan de cerca este asunto y que le den máxima prioridad.
Ahrenkilde recalcó en la rueda de prensa diaria que YPF representa "una importante inversión" de la Unión Europea (UE) en Argentina y la expropiación anunciada "envía una señal muy negativa a los inversores internacionales, que buscan por supuesto estabilidad y previsibilidad para sus inversiones".
La medida del Gobierno argentino, reiteró la portavoz, "puede dañar seriamente el clima de negocios en Argentina" y "crea inseguridad jurídica no solamente para la empresa española Repsol, sino también para otras compañías de la UE".
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