Lanzan plan contra evasión: dan mayor poder a AFIP y suben penas

Dentro de su estilo -anunciar hechos consumados que gravitarán con fuerza en la sociedad sin permitir el debate previo en la opinión pública-, el gobierno anunció ayer un paquete de durísimas medidas contra la evasión fiscal. ¿Quién puede oponer un gesto de protesta? Nadie, bajo pena ética y efectiva de ponerse al lado de un mal argentino. Pero falta un debate previo que no existe por esa poco seria costumbre de este gobierno de manejar con autoritarismo a la sociedad sin informar de medidas en gestación. Planteadas así las cosas, guste o no, las medidas son duras -algunas lógicas e impensable que no se hayan impuesto antes- y hay otras peligrosas, por caso la «asociación ilícita» en impuestos, aunque en este caso habrá debate parlamentario, que es garantía de democracia. En lo demás, por caso, la persecución severa al que tiene trabajadores en negro -no sólo obligando a blanquear sino también gravando por evasión de Ganancias e IVA para procurarse el «dinero negro» que se usó para pagarles-, cabe suponer que actividades que rondan la marginalidad en rentabilidad pueden cesar y traer más desempleo. ¿Quién les cobrará a quienes agrupan como mayoristas a cartoneros, para dar un ejemplo? Por supuesto no se puede fomentar ninguna evasión, pero hay que tener cuidado en aplicar los regímenes del desarrollo en países con alto desempleo y cuatro años seguidos de recesión. No son los «grandes» los que tienen los trabajadores «en negro». Pero tampoco son esos «grandes» los que brindan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Otras medidas anunciadas fueron un profundo cambio en el monotributo (cuya carga podría aumentar al menos 39%); operativos masivos con 1.000 inspectores en las calles y con la posibilidad de fingir compras para sancionar a comerciantes que no entreguen factura, y un mayor control sobre paraísos fiscales y el comercio exterior, especialmente exportaciones agropecuarias. Se ponen severas penas además para los que compran facturas falsas con el fin de pagar menos IVA y Ganancias. Un régimen de esta severidad requerirá -o será una injusticia mayor- un país totalmente serio en todos sus estamentos, también los del sector público. Ojalá suceda.

El gobierno presentó ayer su plan para intentar bajar la evasión impositiva, basado en un aumento en las penas, la modificación del régimen de monotributo, un aumento en los controles para las operaciones con el exterior de todo tipo y el otorgamiento de un mayor poder a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); que desde ahora pasará a concentrar también la recaudación previsional, además de la tributaria y la aduanera.

Casi la totalidad de las medidas anunciadas ayer por el ministro Roberto Lavagna en la Casa de Gobierno, que luego fueron explicadas en detalle a la tarde por el titular de la AFIP Alberto Abad, se basan en el envío al Congreso de diferentes proyectos de modificación de cuatro leyes: la Penal Tributaria, Ganancias, Procedimiento Administrativo y de Monotributo. La intención del gobierno de Néstor Kirchner, que a la mañana fiscalizó el paquete, es que en menos de tres meses el Poder Legislativo tenga todo aprobado para que antes de fin de 2003 ya esté totalmente reglamentado y en funcionamiento.

Junto con Lavagna y Abad, presentaron las medidas el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, los presidentes de los bloques de PJ del Senado Miguel Angel Pichetto y de Diputados, José María Díaz Bancalari.

Además de las acciones que se aplicarán para combatir a la evasión, quedó confirmado que no habrá moratorias impositivas, rompiendo así con la tradición de los gobiernos constitucionales que de una u otra manera flexibilizaron el cobro de deudas impositivas a poco de asumir.

«Estamos proponiendo un drástico plan para mejorar la recaudación impositiva que permita que no haya más economía en negro», señaló Fernández, quien no dejó pasar la oportunidad para advertir que «habrá premios y castigos para beneficiar al cumplidor y castigar al evasor, lo que parece verdaderamente progresista».

Luego llegó el turno de Lavag na, quien explicó a grandes rasgos la estrategia contra la evasión y la elusión impositiva, poniendo énfasis en la importancia de la acción conjunta.

«Las discusiones doctrinarias dividen, la acción unifica», señaló el titular del Palacio de Hacienda, quien además remarcó que «hay una conciencia muy fuerte que estamos frente a un problema central».

• Objetivo

Lavagna dijo que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo buscan «cerrar los distintos canales de evasión» y que la tarea «fundamental» hacia el futuro será «crear conciencia en la sociedad, porque los cambios de actitudes no se promulgan por ley sino que es importante que la sociedad en su conjunto entienda la importancia de las iniciativas» puestas en práctica. Enumeró los distintos problemas que existen en la lucha contra la evasión impositiva y se pronunció a favor de colocar al delito de asociación ilícita con fines económicos dentro de la figura de «evasión fiscal». Entre los inconvenientes legales, Lavagna citó la falta de límite en la actual normativa cuando se trata de crear crédito fiscal, que se transfiere entre empresas, y la complejidad de las normas que terminan facilitando la evasión tributaria. También se refirió al problema de la transnacionalización y la necesidad de modificar el régimen de monotributo.

Las acciones que se llevarán a cabo desde la AFIP fueron desarrolladas por su titular Alberto Abad, que presentó el plan bajo el juramento que no se trata de una intención de hacer «terrorismo fiscal». Dijo además que es necesario «avanzar en un programa integral para consolidar una política pública en el tema recaudación tributaria» y que «una de las características de este programa antievasión es que es integral; es la primera vez que se presenta un programa íntegro que apunta a tener una estrategia pública sobre el aspecto fiscal».

Se focalizará el control en el IVA, estableciendo nuevos requisitos para solicitar el CUIT y se pondrá en marcha el Sistema Informativo de Perfil de Riesgo (SIPER), que será una suerte de «veraz impositivo». Se prevé, además, la ejecución de operativos de control masivo con la participación de más de 1.000 inspectores sobre empleo no registrado, facturación, controladores fiscales y controles de ruta. Además se incorporarán nuevas presunciones para combatir maniobras generalizadas como la detección de personal no declarado, la existencia de ventas omitidas y ganancias ocultas.

La información obtenida por imágenes satelitales servirá para establecer niveles de producción agropecuaria y los depósitos bancarios no declarados harán presumir ganancias gravadas. Otro de los objetivos planteados en el organismo recaudador es responsabilizar penalmente a los integrantes de las organizaciones ilícitas y agilizar los procedimientos judiciales. Se elaboró un proyecto de ley para reprimir con prisión efectiva a quienes integren asociaciones ilícitas para brindar apoyo intelectual y material para la comisión de delitos de evasión a gran escala.