Lapsus

Llovían ayer las críticas al oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante la firma del dictamen del Presupuesto 2005. La protesta estaba dirigida a los «superpoderes» que el peronismo confirmaba en pleno. José María Díaz Bancalari tuvo que salir en defensa del gobierno: «Si no les gusta, en la próxima elección la gente puede decidir si quiere calidad de vida o calidad institucional», dijo, como si fueran conceptos que, juntos, Néstor Kirchner no puede garantizar.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió anoche el dictamen del proyecto de Presupuesto 2005 en medio de una lluvia de críticas de la oposición, e incluso algunos justicialistas, por la ratificación de los superpoderes al jefe de Gabinete para manejar el gasto. A pesar de las protestas, el PJ consiguió el número de firmas suficientes y emitió el dictamen casi sin cambios en lo que hace a la estructura del Presupuesto, pero sí se incorporó un gran número de obras públicas en las provincias que hasta ahora no estaban definidas. Esta diferencia no sólo apuntó a calmar a los gobernadores sino también a nivelar la lista de obras, una suerte de « cadena de la felicidad» que se había incorporado en el proyecto original: allí, la gran parte se la llevaban Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires.

El dictamen finalmente contócon la disidencia total del radicalismo, los partidos provinciales,el ARI, el socialismo y la izquierda, que insistieron en contra de los superpoderes consagrados en el artículo 11 del proyecto y que permiten modificar el destino del gasto de cualquier origen y hacia cualquier dirección sin respetar los límites de la Ley de Administración Financiera del Estado ni la de Responsabilidad Fiscal, votada hace dos meses.

• En contra

Toda la oposición planteó que votará en contra del proyecto cuando sea tratado en el recinto, pero el Interbloque Provincias Unidas, de Adolfo Rodríguez Saá, directamente adelantó que presentará un dictamen propio. El puntano Claudio Poggi, incluso, protestó puntualmente por el artículo que pide la ratificación parlamentaria del decreto 214/2002 -que dispuso la pesificación total de la economía-: «Cómo ratificaríamos nosotros el 214 que la Corte ha declarado ahora en parte constitucional, cuando la Corte en el caso San Luis lo declaró inconstitucional», dijo.

Otra de las protestas contra los superpoderes llegó desde el propio corazón del peronismo. El santafesino Oscar Lamberto firmó el dictamen en general, pero fijó por escrito la disidencia en el artículo. «Las razones que fundamentan el Art. 11 no se encuentran en el mensaje, ni en las explicaciones de los funcionarios. No es argumento suficiente sostener que se lo incluye porque ya se lo hizo anteriormente, o porque se hizo uso de las facultades en forma muy limitada. Menos justificación aún tiene la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal recientemente sancionada», dijo.

El radicalismo terminó afirmando que la ley, tal como se comentó hasta ahora, pierde relevancia frente a los cambiosque el gobierno puede introducirle durante el año por decreto: «¿Qué certezas exhibe el Presupuesto? ¿Qué grado de previsibilidad podemos extraer de un instrumento que en su articulado afirma la más absoluta discrecionalidad? ¿Qué sentido tiene cuestionar o apoyar la distribución de recursos cuando ellos pueden ser modificados al antojo del Poder Ejecutivo?», dice el dictamen opositor.

•Crítica radical

Los radicales también atacaron la forma en que se debatió en el proyecto en comisión: «La de este Presupuesto es probablemente la discusión más breve y de menor jerarquía institucional de muchos años, que sigue transformando al Congreso en mero refrendario de decisiones del Poder Ejecutivo», dijeron. Si bien la firma estaba prevista para la mañana, la reunión fue postergada hasta las 16 debido a que faltaba definir el incremento de algunas partidas y el envío de una lista de obras públicas. Carlos Snopek, frente a las protestas, detalló que se trataba de algunas incorporaciones que se agregaron al texto y que apuntan a reforzar las partidas para las universidades nacionales, la Comisión Nacional de Energía Atómica, de LADE, el INADI, entre otros organismos públicos.