Las privatizadas siguen sin "creer" en alzas de tarifas

Las privatizadas se mostraron bastante escépticas respecto de la posibilidad de que el gobierno instrumente efectivamente el demorado incremento de tarifas que vienen reclamando desde hace un año. Voceros de varias empresas de servicios consultadas por este diario coincidieron en que «ya estuvimos en el mismo lugar tres veces: podría ser ésta la cuarta».

Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno aseguraron que «esta vez vamos en serio: se está trabajando a full en el tema y creemos que antes de los próximos 30 días la cuestión estará resuelta». El mismo informante descartó la posibilidad de que el retoque tarifario tenga que ver con una devolución de favores a los países integrantes del G-7, que presionaron a los funcionarios de línea del Fondo Monetario Internacional para la firma de un acuerdo de stand-by con la Argentina. «No hay por qué hilar tan fino: las razones son mucho más sencillas y locales. Lo cierto es que es difícil mantener los servicios funcionando con tarifas sin retocar», admitió.

Los anuncios del ministro Roberto Lavagna, distribuidos profusamente durante el fin de semana, «no pasarían de un amague más: creo que es poco probable que este gobierno no ceda a la tentación de dejarle la herencia de las tarifas congeladas a la futura administración que surgirá de las elecciones», dijeron en una telefónica.

• A oscuras

En este sentido, todos los consultados afirmaron desconocer el contenido del decreto que estaría elaborando Economía. El vocero de otra empresa dijo: «Hasta el viernes estábamos totalmente a oscuras: el sábado lo leímos en los diarios, lo escuchamos en las radios, y ahí empezamos a enterarnos de que había un decreto en preparación».

Desde ya, los números esbozados por Lavagna (incrementos de entre 7% y 11% para todos los servicios, con al menos 35% de los consumidores que no serían alcanzados por este reajuste) distan de conformar a los operadores de las privatizadas.

• Diferencias

Una alta fuente de una empresa del sector eléctrico re-cordó que «en octubre habíamos solicitado un ajuste de 38 por ciento, que es lo mínimo para cubrir nuestros costos operativos, seguir pagan-do los intereses de nuestra deuda, hacer las inversiones necesarias para que no se deteriore la calidad del servicio y poder empezar a conversar con nuestros acreedores. Sin embargo, la idea del gobierno sería conceder un reajuste de 9 por ciento (y no a todo el padrón de clientes)». El empresario admite saber que «hay un decreto en preparación, pero no conocemos nada de él. Por ahora, sólo nos queda esperar: de ahí a que se concreten las promesas de Lavagna...».

Curiosamente, y desde el frente opuesto a las privatizadas, también se duda de las intenciones del gobierno. Sandra González, titular de ADECUA (defensa del consumidor), advirtió que «esto será igual que lo que hizo el gobierno con el tema de los aumentos de precios: salen funcionarios y hasta el propio presidente a hablar de la preocupación que les provoca un tema, amenazan con tomar medidas y después queda en la nada». González asegura que «hay que discutir el tema tarifario en el seno de la comisión renegociadora que ellos mismos crearon, pero me da la impresión de que este decreto se hace para que la Justicia lo declare inconstitucional y no pase nada, y poder decir: 'Nosotros tratamos de aumentar las tarifas, pero no nos dejaron'». González insiste en que la entidad que preside no está en contra de los aumentos, «pero sólo si se discute: hay que mirar los balances de las empresas y ver si es verdad que no pueden sostenerse con los actuales niveles de precios, y sobre todo revisar el hecho de que casi la mitad de lo que pagan los usuarios son impuestos».

Está claro, sin embargo, que ése será un tema que ni siquiera se tocará, sobre todo si se tiene en cuenta que el gobierno acaba de retornar a un IVA de 21% por su imperiosa necesidad de recuperar recaudación.

• Estrategia equivocada

También genera dudas la estrategia elegida por el gobierno para -supuestamente-proceder a reajustar los precios de los servicios, tal como anunciara Lavagna este fin de se-mana. En efecto, la idea sería modificar por decreto el artículo 9º de la Ley de Emergencia Económica, que impide al gobierno conceder incrementos si antes no se renegocia de manera global todo el marco jurídico de la privatización.

«Creemos que se trata de una estrategia equivocada: hasta donde sabemos, sólo una ley puede modificar otra ley, y no es posible hacerlo por decreto», dijo el vocero de una telefónica. Desde el gobierno, en cambio, insisten en que «es posible modificar una ley con un decreto de necesidad y urgencia», pero admiten que «siempre está la posibilidad de que un juez lo considere anticonstitucional y 'baje' el aumento». Esto ya sucedió tres veces en los últimos nueve meses.

Las empresas, en tanto, volverán a insistir en que los únicos precios de la economía que no sufrieron retoques fueron las tarifas de servicios públicos. «Tenemos una suba de precios mayoristas de 120 por ciento, una devaluación de 240% y un reajuste tarifario de 0%. ¿Hasta cuándo podremos sostener los servicios en estos niveles? No mucho más...»

Las empresas aseguran estar «viviendo de la caja», lo que no les permite invertir en el mantenimiento de su infraestructura. Como ejemplo, baste recordar que Carlos Felices, CEO de Telecom, dijo la se-mana pasada que la inversión total de su empresa en 2003 rondará los u$s 50 millones, muy lejos de los u$s 700 millones que se invertían en tiempos en que las redes telefónicas estaban en expansión. El panorama en el resto de las privatizadas es similar.