Lavagna debe elegir entre gremios o u$s 1.250 millones

El idilio entre los «gordos» de la CGT y Roberto Lavagna está por fenecer y la ruptura no se debe a que es ya imposible postergar las elecciones y postular al ministro de Economía para setiembre, como había propuesto Armando Cavalieri. Sucede siempre en la vida sindical, las decisiones importantes están ligadas a peleas de dinero y esto es lo que separará en estos días a los gremialistas de los grandes sindicatos.

Los hechos son así: para que los desembolsos del Banco Mundial se equilibren con la deuda argentina y el país no caiga en cesación de pagos con ese organismo, se necesitan u$s 1.250 millones que no están en poder del Tesoro. En junio, el país estaría de nuevo al borde del default, salvo que el BM decida extender una línea de crédito adicional para el país. Es lo que comenzó a gestionarse desde la oficina de Roberto Martirene, el funcionario de la Secretaría de Hacienda encargado de negociar con los organismos internacionales la letra chica de créditos y deudas.

En las discusiones, unos y otros se aproximaron a un acuerdo: los representantes del BM pusieron como condición de un nuevo desembolso una reforma del sistema de salud que comience por las obras sociales y sus relaciones con sus proveedores de servicios médicos. Los funcionarios de Economía, aceptaron. A partir de ese convenio inicial James Wolfensohn envió a Buenos Aires a Osvaldo Uribe, el responsable del BM en la financiación de reformas sanitarias.

• Derivación

Uribe comenzó por examinar las relaciones entre las obras sociales y los prestadores (redes de clínicas, laboratorios, farmacias, etc.) a los que contratan. Comenzó por los planes materno infantiles, uno de los rubros de gran consumo médico: por allí se facturan ecografías, análisis de distinta índole, partos, asistencia a la embarazada, consumo de los lactantes y prestaciones por el estilo. En cualquier obra social estándar, en esta franja de la oferta de servicios está localizado 35% del movimiento de dinero.

La propuesta del BM fue que las obras sociales derivaran en el Estado la administración de estos contratos y que sea desde allí que se contrate a los prestadores. Las obras sociales deberían, entonces, desentenderse de hacer convenios con esas redes de proveedores y, en adelante, serían las distintas jurisdicciones (Nación, provincias, ciudad de Buenos Aires) las encargadas de administrar el rubro materno-infantil el Programa Médico Obligatorio (conocido como PMO, es la cartilla que describe la cobertura médica de cada obra social).

• Recomendación

La lógica de esta condición del Banco es que, si el Estado administrara esa parte del gasto médico, posiblemente incorporaría a los hospitales públicos al sistema de prestadores, bajando de ese modo el nivel de costos. Pero también mejoraría los ingresos de esos hospitales porque se comenzarían a facturar sus prestaciones a las obras sociales. Actualmente son muchos los sindicalistas que aprovechan al sector público para que atienda a los afiliados de sus obras sociales, que lo hacen sin cobrar por desidia administrativa o mala costumbre.

Claro que con esta recomendación Uribe, el hombre del BM, tocó un cable de alta tensión. En la relación entre obras sociales y proveedores radica muchas veces el nervio de las corruptelas que han caracterizado por décadas al sistema de salud en manos sindicales. A Martirene, igual que a sus jefes Jorge Sarghini y Lavagna, ese problema les pasa por el costado. Pero a los funcionarios de salud el pedido del Banco les resulta muy incómodo. Oscar Filomena, el hombre de Ginés González García en la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud, viene resistiendo hace semanas algunas pretensiones de los organismos internacionales, como la entrega de las bases de datos de las obras sociales y también el cruce de todos los sistemas de facturación, incluido el de los hospitales públicos. Néstor Vázquez, el representante del oncólogo José Pampuro en la Superintendencia del Sistema de Salud, no resiste tanto las pretensiones reformistas de Uribe. Pero los funcionarios del BM lo conocen de antaño (cumplía las funciones actuales con José Luis Lingeri, en el apogeo menemista) y por eso han pedido que se lo reemplace como interlocutor: «Nos dice a todo que sí, pero después él y María Pía hacen que no avance ningún cambio» explican esos técnicos. María Pía Vidal es la encargada de monitorear al lado de Vázquez las vinculaciones entre la Superintendencia y los gremios (desde allí se administran los subsidios a las obras sociales).

• Frente de tormenta

La urgencia de Lavagna y su equipo por equilibrar las cuentas con el BM supera estas prevenciones de los técnicos de salud, estrechamente ligados a los sindicatos y al sistema de clínicas y prestadores, que también pondrán el grito en el cielo si se los desplaza de los convenios para incorporar al Estado. Por eso el ministro mantiene pasablemente dormidos a sus antiguos impulsores políticos, los «gordos» de la CGT. Cuando despierten, se abrirá otro frente de tormenta para Economía y, más arriba, para Eduardo Duhalde, que tanto valora la prescindencia sindical en plena campaña por la presidencia.