Roberto Lavagna podría contar con superpoderes nunca otorgados a otro ministro si el Congreso aprueba sin cambios el Presupuesto Nacional 2004. Un artículo de ese proyecto, el 13, permite al gobierno modificar la norma más importante de la administración pública sin pedir autorización al Congreso. Podrá subir el límite de gasto a su parecer, aumentar o disminuir partidas o modificarlas. El peligro es que el Presupuesto actúa como límite máximo del gasto estatal. El gobierno está facultado para bajarlo, pero no para subirlo. La norma que se pide lo autoriza. Pero además convierte a la Ley de Presupuesto en una mera formalidad. También cualquier gasto podrá ser modificado, desde asistencia social hasta los intereses de la deuda. Es un clásico que un gobierno pida al Congreso flexibilidad para ejecutar el Presupuesto, pero nunca se liberó al ministro de Economía de respetar los límites de la Ley de Administración Financiera del Estado, norma poco conocida, pero la más importante en materia económica. Con Carlos Menem en el poder, sus propios diputados se negaron a avalar semejantes superpoderes. Domingo Cavallo no los consiguió tampoco en el gobierno de Fernando de la Rúa. Ahora, el Ejecutivo está decidido a conseguirlo y de esa forma no deberá dar cuentas si en 2004, por ejemplo, la recaudación supera las proyecciones que se fijaron en el proyecto de Presupuesto en discusión.
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El tema es uno de los más calientes estos días en el debate de Diputados, al punto que muchos peronistas creen que de la aprobación o no de ese artículo depende la permanencia futura de Carlos Snopek, jefe de la comisión, en su actual cargo.
La pregunta obvia a este tema es: ¿para qué quiere el gobierno poderes especiales para librarse de los límites que fija la Ley de Administración Financiera del Estado? En el Congreso ya existe una respuesta concreta. En Economía han proyectado un crecimiento de 5 puntos del PBI para el 2004, aunque se ilusionan con qué será mayor. En el proyecto de presupuesto se mantuvo un número mas conservador: 4 puntos. La diferencia se traduce en mayores recur-sos que el gobierno podrá aplicar al destino que desee, desde bajar el impuesto al cheque a realizar obra pública, sin el molesto deber de consultar antes al Congreso.
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