Lavagna: tarifas deben subir antes de 60 días

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo que «existen riesgos progresivos en la prestación de los servicios públicos si en un tiempo razonable, que son los próximos sesenta días, no hay una decisión en materia de tarifas».

Lavagna confirmó que el gobierno apelará la medida judicial que suspendió las audiencias públicas para debatir aumentos de tarifas en los servicios públicos.

«El gobierno ni siquiera fue escuchado respecto de los argumentos para llamar a audiencias públicas», aseguró el ministro. También señaló que el reclamo de las empresas por ajustes tarifarios «viene desde fines de abril», pero que las cuentas de las mismas inicialmente «no justificaban un aumento». «Pasados cinco meses entendimos que era el momento de abrir el proceso de eventual ajuste de tarifas», agregó.

Por su parte, el secretario de Energía, Enrique Devoto, aseguró que «según una interpretación muy restringida pareciera que hay que defender exclusivamente al usuario de hoy, nos olvidamos de lo que se va dejando a futuro a los próximos usuarios: caída de inversiones, deterioro en la calidad, que no tiene por qué verse inmediatamente, pero en poco tiempo se empieza a visualizar».

•Exagerados

Según Devoto, los pedidos de aumentos que habían hecho las empresas «parecían exagerados», pero la comisión renegociadora estimaba que «por lo menos había que mantener los costos operativos en un nivel razonable». En su opinión, el ajuste «no tendría por qué ser muy elevado», cubriendo «los costos operativos y un mantenimiento razonable, sin pensar en ningún momento en la deuda, porque las empresas tienen un stock de deuda bastante importante, que es motivo de otros análisis, ni de ir a la tasa de rentabilidad justa y razonable de que habla la ley y los contratos».

Devoto añadió que «después de nueve meses de congelamiento, donde además otras variables se han movido, se está produciendo un desequilibrio en los costos, que hace razonable pensar en algún tipo de ajuste».

El funcionario también expresó el temor de que «frente a la decisión judicial que postergaría, y prácticamente podría llevarnos a un año o más sin modificaciones, las empresas privatizadas presenten reclamos directamente al CIADI (tribunal arbitral para los tratados de protección recíproca de las inversiones)», y en este sentido agregó: «No sé cuáles serían nuestras chances de defensa».

Por su parte, representantes de las entidades de usuarios pronosticaron que hasta el año próximo no habrá aumentos tarifarios por la suspensión de las audiencias públicas dispuesta por la Justicia, y coincidieron en reclamar que se discuta la eventual rescisión de los contratos de las empresas que no hayan cumplido sus obligaciones.

Ariel Caplan, representante de los usuarios en la comisión de renegociación de contratos, aseguró que aunque el gobierno apele el fallo que suspende las audiencias, la medida cautelar se mantendrá hasta fin de año y postergará las definiciones hasta el año 2003.

Caplan destacó la necesidad de que en la renegociación se discutan todos los aspectos de los contratos y no sólo los vinculados a las tarifas. Dijo que deben evaluarse los incumplimientos de las compañías y sostuvo que los casos más notorios son los de Aguas Argentinas, Trenes de Buenos Aires, Correo Argentino y Aeropuertos Argentina 2000.

•Refutación

Por su parte, la titular de la asociación Consumidores Argentinos, Patricia Vaca Narvaja, refutó el argumento según el cual la falta de aumentos resentirá la prestación de los servicios al señalar que, en un informe de la comisión renegociadora, consta que «con los ingresos de caja» que tienen las compañías en la actualidad «puede operar perfectamente el sistema».

Vaca Narvaja remarcó que varias de las concesionarias están en condiciones de perder sus contratos y reclamó que, en lugar de ver la forma de otorgarles un aumento de tarifas, se analice «la composición de sus deudas».