Levantarán secreto bancario y bursátil

La Argentina levantará el secreto bancario y bursátil sobre operaciones financieras cuando el Estado las sospeche por lavado de dinero. La novedad y lo riesgoso es que será sin la previa autorización de un juez, como hasta ahora. Sólo con el pedido de la Unidad de Información Financiera -un organismo del Ministerio de Justicia- bancos, sociedades de Bolsa o la Caja de Valores deberán entregar información reservada sobre ciudadanos. El país lo hará ante la presión internacional que amenaza con expulsarlo del GAFI -centro de combate mundial contra el lavado y financiamiento del terrorismoel 25 de junio si no modifica sus controles. El problema no es la entendible persecución a narcolavadores o terroristas, sino los preocupantes antecedentes que se registraron en el país. Por ejemplo, el caso de las "cajas" de Elisa Carrió donde se terminó ventilando el patrimonio de argentinos acusados de delitos financieros inexistentes y nunca comprobados por la Justicia. El GAFI pidió también levantar el secreto fiscal, pero aquí la AFIP puso un límite y lo hará sólo por pedido de un juez . Ayer, los diputados de Finanzas firmaron el dictamen a pedido del Ejecutivo y en una semana estarán en condiciones de votarlo.

Alberto Abad

La Argentina está a un paso de aceptar el levantamiento del secreto bancario y bursátil, sin intervención judicial. Es decir, que ante la aparición de una operación sospechosa de lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera -organismo que depende del Ministerio de Justicia- podrá requerir información reservada a bancos, sociedades de Bolsa, Caja de Valores o cualquier organismo del mercado, sin pedir autorización antes a un juez.

El problema no es el lógico combate que se debe hacer al lavado de dinero, sino la historia argentina en la materia donde se han cometido excesos acusando a inocentes en medio de procesos políticos, como fue el recordado caso de «las cajas» con información de cuentas que Elisa Carrió trajo de los Estados Unidos. No se levantará en el país el secreto fiscal -esto por oposición expresa de Alberto Abad, a cargo de la AFIP-, salvo que intervengauna causa judicial o que sea la propia AFIP la que lleve adelante la investigación.

• Dictamen

El peronismo terminó de firmar ayer el dictamen del proyecto de modificación de la Ley de Lavado de Dinero, y aunque muchos diputados de la oposición lo firmaron en disidencia, estará listo para tratarse en el recinto desde la semana próxima.

Para ajustar al país a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se terminó avanzando peligrosamente en el levantamiento del secreto bursátil y bancario. Los diputados no harán lo mismo con el secreto fiscal -como también pretendía el GAFI- después de que el miércoles pasado Alberto Abad los convenció de la imposibilidad de hacerlo ante la total negativa del organismo recaudador. Fue en medio de un plenario de comisiones al que no estaba invitado el jefe de la AFIP, pero cuando se enteró por teléfono del proyecto en cuestión, corrió al Congreso a frenar el capítulo atinente a su organismo: «Somos celosos del secreto fiscal, porque debemos garantizar los derechos de los contribuyentes. Nosotros levantamos el secreto fiscal cada vez que la Justicia lo requiere, pero no estamos de acuerdo en que se levante en forma permanente ante el pedido de Unidad de Información Financiera, sino sólo cuando hacemos los reportes para la UIF», dijo Abad en ese momento, cosechando el apoyo del PJ, pero no de la UCR ni del ARI.

La Argentina necesita modificar su legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo antesdel próximo 25 de junio, cuando vence el plazo que el GAFI le dio al país en febrero para ajustar su sistema legal o, caso contrario, se lo excluiría del organismo. Parte de esas exigencias pasa por identificar a los responsables de informar sobre casos sospechosos de lavado -y las excepciones a este principio-, otorgar mayores poderes a la UIF para controlar la información y modificar la legislación antiterrorista. Hace un año que el organismo viene insistiendo con esos cambios que, de no sancionarse a tiempo, harían perder al país el estatus internacional que consiguió cuando se votó la imperfecta Ley sobre Lavado de Dinero en 1998. De hecho, la Argentina junto con Brasil y México son los únicos sudamericanos que integran una suborganización con el mismo fin: el GAFI-SUD.