Duró poco el compromiso del gobierno para frenar los proyectos en el Congreso contra empresas y, en definitiva, contra la creación del empleo. Ayer avanzó y se aprobó en Diputados la iniciativa que impone multas y clausuras por infracciones laborales. Esto lo promueve como siempre el embajador de Hugo Moyano en el Congreso, Héctor Recalde. Llama la atención que esto ocurra cuando la creación de puestos de trabajo es menor y no está acorde con una economía que crece a más de 8%. La filosofía del ministro Tomada, y en general del gobierno de buscar redistribuir ingresos en la Argentina a través de mayores presiones, controles y cargas a empresas, deriva en algo totalmente opuesto: alta informalidad. ¿Cómo explica Tomada que luego de tres años de un país creciendo a 9% el empleo en negro siga por encima de 40%? Sólo el contexto internacional ampliamente favorable al país con ingresos de divisas inimaginados a principios de año hace que proyectos tan peligrosos como éste que avanza en Diputados no tenga el impacto negativo que realmente posee en esencia. El riesgo es aún mayor, ya que lo votado ayer no sólo multiplica multas a empresas, sino que, además, amenaza con clausuras por esas infracciones, en algunos casos, sólo formales.
La Cámara de Diputados aprobó ayer el polémico proyecto que establece multas y clausuras por hasta 10 días a las empresas por infracciones laborales a través de una modificación al Pacto Federal del Trabajo. Lo hizo en el inicio de la sesión donde más tarde se comenzó a debatir el Presupuesto 2007. En ese mismo acto se decidió postergar la votación del nuevo marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga: mediante un llamado de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, se acordó dar más tiempo para que antes de la sanción el funcionario volviera a escuchar las quejas de las prepagas.
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Con la votación de ayer queda confirmado que el gobierno rompió el acuerdo que mantenía con las empresas por el que se habían suspendido todas las modificaciones a leyes laborales que produce la usina sindical en que se transformó la Comisión de Trabajo. El gobierno le había prometido a los empresarios de la UIA y AEA que no se avanzaría con más cambios a la legislación laboral, al menos, durante este año. Fue cuando el moyanista Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Trabajo avanzaba en Diputados con proyectos sindicales cada semana.El proyecto que se votó ayer, si bien fue impulsado en la Comisión del Trabajo, no es obra de Recalde sino del economista Claudio Lozano de la CTA. Para las empresas significa un retroceso que puede provocar subas en los costos laborales, más allá de las complicaciones que implica. Se teme que los sindicalistas, que normalmente son quienes verifican y denuncian al Ministerio de Trabajo las infracciones en materia laboral, utilicen ahora la presión de las altas multas o, inclusive,-la posibilidad de clausuras, medidas que debe aplicar el ministerio de Carlos Tomada.
La ley, que ahora pasará al Senado, multiplica hasta 10 veces en algunos casos las multas a empresas por infracciones laborales.
Incorpora al Pacto Federal de Trabajo -que rige el sistema de penalizaciones por faltas a las obligaciones laborales- como «infracción grave» el despido de un trabajador cuando existan normas que lo prohíban u obliguen a mantener el nivel de empleo.
En el agravamiento de penas también se incluyó la posibilidad de clausurar por 10 días a las empresas que produzcan un despido en esas condiciones -mientras tanto deben continuar pagando los salarios-, multas de hasta $ 5.000 y la pérdida de todo beneficio impositivo, contrato como proveedor del Estado o subsidio.
Las infracciones se evaluarán colectivamente y por montos mucho más elevados. Por ejemplo, una empresa que liquide mal algún rubro como vacaciones, podrá ser multada inmediatamente por la totalidad de los trabajadores y con montos que llegan hasta $ 5.000 por cada caso.
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