La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto del plan federal de infraestructura, después de tres sesiones donde se avanzó lentamente en el proyecto por la oposición del PJ y buena parte a la Alianza a muchos de los artículos. El plan establece la concreción de una lista de obras públicas por una valor de hasta $ 20.500 millones en los próximos cinco años -aunque en lo inmediato las inversiones serán por $ 2.000 millones-, asegura un sistema de garantía desde la Nación destinado a bajar la tasa de interés para financiar las construcciones y limita la posibilidad de licitar los emprendimientos menores a $ 45 millones a las empresas nacionales. Ahora el Senado deberá dar la última palabra.
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Sólo el paro nacional convocado para hoy consiguió ayer apurar la sanción del plan de infraestructura. Es que los diputados, al igual que sucedió con los senadores, prefirieron terminar la tarea cuanto antes para correr al Aeroparque y volver a sus provincias. Por eso la convocatoria de ayer, aunque discutida, tuvo mejor suerte que las dos sesiones anteriores que no pasaron de aprobar cinco artículos cada una antes de quedarse sin quórum.
Lo cierto es que la larga lista de oposiciones que concitó el proyecto, casi todas por el régimen de licitación de las obras y las salvaguardas de mercado. Por eso fue que el debate principal se dio en el artículo 20, en el que se determina la participación de empresas nacionales e internacionales en las licitaciones para la construcción de obras de infraestructura.
El dictamen impulsado en Diputados propiciaba la licitación nacional en tanto que José Luis Machinea exigía la intervención de firmas internacionales. Esa posición en el Ejecutivo fue mucho más fuerte desde que Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura cuando esa cartera todavía existía, dejó el gobierno en la última modificación del gabinete. Gallo, padre del plan de infraestructura, aunque en una versión mas «nacionalista» que la actual, se anticipó a la sanción y festejó la aprobación con un almuerzo en el restorán Dique 4 de Puerto Madero. El proyecto aprobado deter-mina que se abrirá la competencia a empresas extranjeras cuando el monto de construcción supere los $ 45 millones. Por debajo de ese monto las licitaciones serán reservadas a contratistas nacionales, aunque en algunos casos el gobierno podrá llamar a licitación internacional también en esa franja. También obliga a las empresas extranjeras a tener socios argentinos y determina que esos empresarios, locales o radicados deberán tener 51% de participación accionaria en las firmas.
«El proyecto del Poder Ejecutivo no atendía en esencia la posibilidad de participación de las PyMEs en la construcción de obras ni contemplaba el compre nacional», dijo ayer el vicepresidente de la comisión de Obras Públicas, Ricardo Vago. «Nuestra propuesta fomenta el trabajo habilitado en detrimento del golondrina y promueve la creación de nuevas empresas a través de las UTE», explicó. A la postura del oficialismo de garantizar una franja de licitaciones para las empresas nacionales se opuso una mayoría desde el peronismo. Para el PJ la participación de firmas con capitales extranjeros permitiría abaratar los costos debido a las mejores tasas de financiamiento que pueden obtener en el sistema financiero.
Modificaciones
Dentro de los cambios que se le introdujeron en Diputados también están la promoción de la participación universitaria a través de las consultoras de presentación y auditoría de proyectos e impide la indexación de las contraprestaciones que brinden a través de la inflación de los Estados Unidos. Otro nudo de discusión estuvo en torno al artículo 15. Es el que establece que las partes se comprometen a no recurrir a la Justicia para renegociar el precio y el plazo de las obras por construir. Esa postura fue defendida por el radical catamarqueño Horacio Pernasetti, presidente del bloque radical. Frepasistas y peronistas se opusieron a este artículo argumentando la inconstitucionalidad de negarles a las partes el derecho a litigar ante diferencias contractuales. Desde el radicalismo se argumentó, por el contrario, que de esta manera se defendía al Estado de maniobras ya conocidas, como la adjudicación de una obra ofertada a precios por debajo de los estipulados en la licitación que después son objetados ante la Justicia por la propia empresa ganadora.
El debate de este punto puso la sesión al borde del fracaso ya que el bloque del PJ amagó con abandonar el recinto. Finalmente la Alianza aceptó agregar la figura de la «culpa» entre los requisitos para poder objetar un contrato.
El proyecto aprobado ayer fue votado en general el 26 de octubre, con el apoyo de 150 legisladores de todas las bancadas que adelantaron en ese momento sus diferencias para el debate en particular que ayer concluyó. De todas formas, del anuncio de inversión total de $ 20.500 millones en cinco, lo primero que se verá es la aplicación de $ 2.000 millones para ejecutar más de 70 obras en todo el país. Ese es el monto que hasta ahora esta asegurado en el fondo de garantía que crea la ley por 30 años y que estará alimentado con la venta de bienes y acciones de empresas privatizadas todavía en poder estatal, como el caso del Banco Hipotecario, y los aportes de las provincias que adhieran a fin de garantizar los pagos comprometidos a las personas encargadas del proyecto. En números reales, con los compromisos de inversión realizados hasta ahora, ese Fondo de Garantía permitiría lanzar una plan de obras por $ 1.500 millones anuales para los próximos dos años. El resto deberá ser negociado.
