Los préstamos garantizados

Los pesificadores se alzaron contra la Constitución, según fuera establecido por la Corte Suprema en el caso San Luis. Del resultado de esta saga se sabrá si rige en el país el estado de derecho o si el Estado venció al Derecho.

Entre los acreedores del Estado que no aceptaron la confiscación dispuesta por el Decreto 471/02 están las AFJP, que custodian, por mandato legal, nuestros ahorros para futuras jubilaciones.

Creo que las intenciones de los autores de la medida son claras: quieren perjudicar nuestros ahorros, especialmente, los destinados a atender nuestras jubilaciones futuras.

Bajo la apariencia de argumentos progresistas y contestatarios de una agresiva negociación de la deuda pública, en rigor, la intentona perjudica claramente los intereses nacionales al pretender ampliar la cantidad de deuda sujeta a reestructuración, afectando a los residentes locales, de modo que la quita no sea tan pronunciada respecto de los no residentes.

En una muestra de debilidad frente a los acreedores externos, el gobierno parece dispuesto a perder toda capacidad de influencia sobre los votos que confieren los títulos depositados en la Caja de Valores, que actúa como fiduciario de una operación en la que los fiduciantes son los dueños originales de los títulos convertidos en préstamos garantizados. Debe destacarse que con los votos que tenía el fiduciario, en la mayoría de las emisiones se podrían obtener modificaciones a las condiciones de emisión de los títulos originales, sin violar los contratos, que permiten mejorar las posibilidades del país en una futura renegociación de la deuda en condiciones razonables.

Si el gobierno tuviese éxito en su intento, la mitad de los titulares de préstamos garantizados volvería a sus títulos originales, sumando al grupo de acreedores sujetos a renegociación a los trabajadores argentinos, por sus jubilaciones futuras.