El organismo de control de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) contribuyó a crear más confusión en torno a la aplicación de una tarifa social para electricidad por parte de las empresas que dependen de esa jurisdicción (Eden, Edes y Edea).
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
OCEBA informó que podrán recibir «severas sanciones» aquellas distribuidoras que no cumplan con la obligación de cobrar una tarifa 50% más barata para los hogares de menores recursos. El comunicado del organismo sale al cruce de la posición de Eden y Edes, controladas por la norteamericana AES, que sostuvieron que no es obligatoria la aplicación de la tarifa social, y a la vez advirtieron que si no se adecuan sus tarifas, no podrá mantener una adecuada calidad del servicio eléctrico.
El conflicto entre la provincia de Buenos Aires y Eden y Edes empezó la semana pasada, cuando el Ministerio de Obras y Servicios Públicos reglamentó la ley de julio de 2001 que establece una tarifa social. La ley indica que la empresas «podrán» aplicar la tarifa social, y el decreto reglamentario no modifica ese artículo de la norma, sino que especifica quiénes serán los beneficiarios y los mecanismos para obtener la tarifa diferencial.
La tercera empresa eléctrica de jurisdicción provincial -Edea, del grupo Camuzzi- viene aplicando la tarifa social desde que se dictó la ley, pero Eden y Edes no.
El OCEBA también expresó ayer que cualquier «inobservancia» de los reglamentos de concesión o de disposiciones emanadas por el organismo por parte de una prestadora, la hará «pasible de severas sanciones».
La situación podría derivar en la salida de AES por lo menos de las distribuidoras de Buenos Aires y abrir otro conflicto en tribunales internacionales entre la provincia y una empresa privatizada. Aunque con antecedentes y características totalmente distintas, la provincia ya debió reasumir el servicio de agua y cloacas, tras la salida de Azurix, controlada por la norteamericana Enron.
Dejá tu comentario