Más francesas se van de Argentina
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«Es algo que no puedo confirmar», dice Peltzer. «¿Si nosotros nos vamos también? Tampoco puedo confirmarlo; por ahora no hay nada de eso, pero es verdad también que el acuerdo firmado con el Fondo, que no prevé reestructurar las tarifas, podría hacer variar esta postura: llega un momento en que una empresa decide que ha perdido demasiado, que no quiere perder más, y se va».
• Subsidio
OSM fue concesionada en 1998; el contrato preveía el pago de un canon por los concesionarios pero también un subsidio para compensar la menor tarifa que pagan los sectores de más bajos ingresos. «El subsidio no se pagó nunca, y por eso suspendimos el pago del canon. Pero a la fecha, el gobierno nos debe más a nosotros que nosotros a ellos», revela Peltzer.
El caso de la eléctrica mendocina es similar. Los franceses de EDF tienen 45 por ciento de 51 por ciento en manos privadas; según se comenta en la provincia, los posibles compradores de su parte serían sus socios, el grupo Medinvert del que participa el banquero local Jacques Matta. En declaraciones a la prensa mendocina, fuentes de EDEMSA admitieron que «no estamos dispuestos a seguir trayendo dinero fresco si el gobierno provincial no nos paga lo que nos debe».
La energética fue privatizada también en 1998 -cuando el gobernador era el justicialista Arturo Lafalla-, y la provincia embolsó u$s 230 millones por 51 por ciento de la empresa. Como fue habitual en esa clase de operación, la compra se «apalancó» con la emisión de 100 millones de dólares en obligaciones negociables. La parte privada es de la mencionada EDF (45 por ciento), el grupo local Mendivert (40 por ciento) y la propia Saur (la misma de OSN) con 15 por ciento; la parte pública se reparte entre el Estado (39 por ciento) y los empleados (10 por ciento). También al igual que lo que sucede con el agua, el gobierno no paga 35 millones de dólares anuales por subsidios a clientes de escasos medios desde 2000.
Cabe apuntar que otras dos concesiones de aguas tuvieron un abrupto final en los últimos años: la de la provincia de Buenos Aires, que estaba en manos de Azurix y la de Tucumán (Aguas del Aconquija), cuyo operador era el grupo francés Compagnie Générale des Aux. Según trascendió, el gobierno -en especial el ministro de Planificación, Julio De Vido-estaría en conocimiento de la situación en Mendoza; la reacción habría sido: «Se trata de cuestiones que atañen a empresas privadas, en las que el gobierno no tiene por qué intervenir».




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